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El fiscal investiga la licencia del vertedero de Torrevieja

El ministerio público ve un posible delito de prevaricación

La Fiscalía de Alicante observa indicios de un supuesto delito de prevaricación en la concesión de la licencia de obras que otorgó el Ayuntamiento de Torrevieja, en manos del PP con mayoría absoluta, a la planta de transferencia de basura y ha ordenado la apertura de diligencias. Los populares dieron luz verde al proyecto pese al informe en contra de cuatro técnicos municipales.

La iniciativa del ministerio público se produce a raíz de una denuncia que presentó el Grupo Municipal Socialista. En el supuesto de que la investigación de la fiscalía concluya con la existencia de indicios delictivos, el caso se trasladará al juzgado.

Los socialistas, a través de la portavoz adjunta del grupo municipal, Fanny Serrano, aplaudieron ayer la decisión del acusador público. "La apertura de diligencias por parte de la fiscalía confirma que nuestra denuncia iba en buena dirección", dijo. "Ahora, esperamos que se investiguen a fondo todos los aspectos de la construcción y actividad de la planta, tanto en el apartado urbanístico como medioambiental", añadió, al tiempo que lanzó una advertencia al Gobierno local del PP: "No vamos a dejar pasar ni una ilegalidad más".

El equipo del PP dio el permiso con el informe en contra de cuatro técnicos

Los socialistas llevaron el caso a la fiscalía tras el pleno de la Corporación del pasado 26 de noviembre, "ante las insuficientes explicaciones ofrecidas por el concejal de Urbanismo, Francisco Moreno".

En esa sesión plenaria se debatió la concesión de la licencia, en noviembre de 2010, a la concesionaria del servicio de recogida de residuos, la firma Acciona-La Generala Torrevieja, para la construcción de una planta de transferencia de basuras. El PSPV sostiene que el equipo de gobierno obvió la opinión de los técnicos municipales y autorizó la licencia "en base exclusivamente a una consulta de una firma de abogados urbanistas externa".

El Ayuntamiento de Torrevieja, tras conceder la licencia, revocó el permiso, en concreto el 21 de septiembre de este año, por supuesta inactividad de la planta. Los socialistas aseguran que comprobaron sobre el terreno que la planta existe "y que está en funcionamiento, sin contar en ningún caso con la preceptiva licencia de actividad".

Por la adjudicación de este contrato en 2004 ya está imputado el exalcalde y actual diputado autonómico del PP Pedro Ángel Hernández Mateo. La juez vio indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y falsedad documental y remitió la causa al TSJ valenciano por su condición de aforado. El arquitecto municipal y la secretaria del Consistorio abogaron por dejar desierto el concurso. Hernández Mateo encargó un informe jurídico externo a un despacho que trabajaba con asiduidad para la empresa que resultó adjudicataria del servicio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de diciembre de 2011