"La respuesta penal a las víctimas no está sirviendo de mucho"
Los jueces vienen a constituir la retaguardia en la lucha contra la violencia sexista. Son el último eslabón de una cadena cuyo principal reto y obvio, el de "administrar justicia", encierra más complicaciones de las que parece. "Lo que hay que intentar por todos los medios es que la víctima tenga la protección adecuada al riesgo que sufre", explica el juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija (Cáceres, 1959). Desde dictar una orden de alejamiento a decretar el ingreso en prisión de un agresor. Pero qué hacer ante un tipo de delito y de criminal que en los casos más trágicos, en los que terminan con el asesinato de una mujer, parece actuar bajo la máxima de "conmigo o sin nadie", según los especialistas, y que convierte sus actos en una especie de huida hacia delante e impredecibles.
"Cuando se produce una muerte hay que asumir una responsabilidad"
"La respuesta de protección que da el derecho penal a la víctima no está sirviendo de mucho", opina González-Guija, "el fin de una pena es que sea ejemplarizante para la ciudadanía en general, aquí parece que no sirve el castigo, el endurecimiento de las penas", se lamenta. El error humano "no es descartable", ahonda, "siempre que se acaba produciendo una muerte hay que asumir una cuota de responsabilidad, no exclusivamente judicial, pero hay que tener en cuenta que el sistema ha fallado".
Los juzgados especializados en violencia contra la mujer de las tres capitales atienden unos 2.000 casoas anuales de media. Unas cifras que demuestran, según el magistrado, que los delitos machistas no están disminuyendo. "Han aumentado el número de denuncias", concede el juez, un incremento azuzado por la mayor concienciación de la sociedad, "por el florecimiento de una violencia soterrada, intramuros".
Las cifras se contraponen a la eficacia de la especialización de los juzgados que atienden estos delitos, tras la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, según el juez. "Crear estos juzgados vino a cubrir una necesidad, que era suplir el conocimiento disperso en multitud de órganos judiciales de estos casos, el concentrar los procesos puso orden en las múltiples denuncias que podía tener una misma persona, por ejemplo", añade González-Guija. También elogia otro aspecto de la ley, que estableció "que un mismo hecho, un puñetazo, cometido por un hombre no era igual que el cometido por una mujer. Fue una especie de test para la sociedad y se ha encajado perfectamente porque no debemos olvidar que partimos de una situación de desigualdad".
