51 años de retraso para Begoña

Más de 51 años han tenido que pasar para que el Gobierno haya reconocido que Begoña Urroz Ibarrola, de apenas 22 meses, es la primera víctima del terrorismo en España desde el fin de la Guerra Civil. Lo acaba de hacer el Ministerio del Interior, que ha acordado la concesión de una indemnización de 250.000 euros, según han confirmado fuentes del departamento que dirige Antonio Camacho.

Esta niña inauguró así una trágica lista en la que hasta hoy figuran los nombres de más de un millar largo de personas, asesinadas por ETA, los Comandos Autónomos Anticapitalistas, los GRAPO, los GAL, el terrorismo islamista, diversos grupos de ultraderecha y otras organizaciones y grupúsculos ya desaparecidos.

La octogenaria Jesusa Ibarrola planea donar parte del dinero a instituciones benéficas ligadas a la Iglesia

La pequeña Begoña falleció el 27 de junio de 1960 como consecuencia de la deflagración de una maleta incendiaria depositada en uno de los armaritos de la consigna de la estación de Amara, en San Sebastián. El atentado, que tuvo escasa repercusión social, solo mereció en los periódicos de la época una breve nota del Ministerio de la Gobernación en la que daba cuenta de la explosión de cinco artefactos: uno en un furgón del tren correo Barcelona-Madrid, entre los municipios zaragozanos de Quinto y Pina de Ebro, y los otros cuatro en otras tantas consignas de Barcelona, Madrid y San Sebastián (una en la estación del Norte y otra en la de Amara).

El de Amara fue el más grave de una cadena de atentados inusual hasta entonces bajo la férrea dictadura del general Francisco Franco. Además de Begoña, que sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo, también resultaron heridos por el mismo artefacto el estudiante Valeriano Bakaikoa Azurmendi, de 15 años, que regresaba a San Sebastián tras pasar unos días de vacaciones con unos familiares de Rentería; la encargada de la consigna, Soledad Arruti, de 60 años; Pascual Ibáñez Martín, de 29; Francisco Sánchez Bravo, de 42, y María García Moras, de 49.

Durante medio siglo, Juan Urroz, un vasco-navarro empleado en la fábrica de electrodomésticos Moulinex, y su esposa Jesusa Ibarrola deglutieron su pena y su dolor con discreción, sin ayuda y en silencio. Un silencio que Jesusa rompió por primera vez en enero del año pasado, cuando siendo ya octogenaria aceptó hablar con EL PAÍS.

"Nosotros estuvimos convencidos de que la bomba de Amara la puso alguien de ETA. Y mucha gente también lo pensaba. Pero era algo de lo que nadie hablaba. En aquellos años nadie hablaba de esas cosas", han dicho Jon y Begoña, hermanos de la niña asesinada. ETA, que en aquellas fechas solo tenía un año de existencia, jamás ha reivindicado la autoría de aquel artefacto incendiario. Hay estudiosos que imputan el bombazo de Amara, al igual que otros que hubo en la misma época, al Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL), de ideología anarquista.

Ninguna autoridad contactó nunca con los Urroz, excepto en el acto protocolario del funeral, para ofrecerles ayuda. Ellos tampoco reclamaron nada a nadie. Únicamente contrataron hace unos años a un abogado para que moviera el asunto, pero no consiguieron nada, se acabaron cansando y desistieron de todo.

Sin embargo, al poco de publicarse esta historia olvidada, la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo conectó con la familia Urroz. Les ofreció las indemnizaciones previstas por la legislación. "Hablaron con nosotros y yo sé que a mi madre le solicitaron una serie de documentos para poder acogerse a este tipo de beneficios", cuenta Jon Urroz.

El pasado septiembre, el Parlamento aprobó la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. El artículo 7 de esa ley establece que será de aplicación a los hechos terroristas que se hubieran cometido desde el 1 de enero de 1960, con la intención de así poder incluir entre los damnificados a la familia de Begoña Urroz. Hasta entonces se estaba aplicado una ley de 1999 a la que podían acogerse los afectados por el terrorismo a partir del 7 de junio de 1968, fecha en la que murió tiroteado el guardia civil José Pardines, considerado la primera víctima de ETA.

El expediente abierto por el caso Begoña Urroz ha supuesto varios meses de tramitación. Finalmente, José Manuel Rodríguez Uribes, director general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, ha firmado esta misma semana la concesión de una indemnización de 250.000 euros. Al Gobierno le resulta indiferente qué organización colocó la bomba que mató a la chiquilla. Le basta con saber que, a la luz de las investigaciones policiales, está claro que fue víctima de un atentado de este tipo, orillando si su autoría corresponde a ETA, al DRIL o a otro grupo desconocido.

"Yo no sé nada de que Interior haya aprobado la indemnización. Creo que a mi madre tampoco le han comunicado nada. Pero si es como usted asegura, supongo que no tardarán mucho en decírnoslo", declaró Jon Urroz el pasado viernes. "El dinero es secundario. Lo que nosotros habríamos deseado es que no se hubiera llegado a esta situación y que mi hermana no hubiera fallecido", añadió.

El importe de la compensación será percibido por Jesusa Ibarrola, la octogenaria madre de la niña, residente en Lasarte (Guipúzcoa), que recientemente ha sufrido varios infartos. Su esposo falleció en 2008. "A nosotros no nos hace falta el dinero. No sé qué hará mi madre. Ella es muy religiosa y está volcada en actos de beneficencia. Yo le tengo oído que si le daban algo, ella donaría todo o parte para organizaciones caritativas vinculadas a la Iglesia", explica Jon Urroz.

El 27 de junio, la fecha en que fue asesinada la niña, ha quedado instituido como Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Desde el año pasado, el Congreso de los Diputados celebra esa efeméride con una sesión solemne con el objetivo de "perpetuar el recuerdo de las víctimas en la memoria colectiva de los españoles".

El año pasado se celebró por primera vez este tributo, que estuvo presidido por los Reyes. Don Juan Carlos pronunció un discurso en el que, entre otras cosas, dijo: "Todo nuestro cariño, respeto y solidaridad hacia las víctimas y sus allegados para hacerles sentir -hoy y siempre- nuestra cercanía a sus corazones. Para decirles que toda España está y estará en todo momento con ellas". Durante 50 años, la familia Urroz no sintió ese cariño ni esa solidaridad, sino soledad. -