La Junta intenta recuperar la iniciativa judicial contra Boliden

La Junta rechaza que haya realizado una mala gestión jurídica en la reclamación de 90 millones de euros a la multinacional sueca Boliden Apirsa por la limpieza del vertido tóxico de Aznalcóllar (Sevilla), después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula la petición a la empresa minera. La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Mar Moreno, anunció ayer que el pasado día 2 la Administración andaluza planteó un conflicto negativo de jurisdicción ante el Supremo para que indique cuál es la vía oportuna a seguir, una vez que tanto este órgano como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hayan desestimado sendos recursos.

"No se puede producir la inhibición de los tribunales sin entrar en el fondo de la cuestión", señaló Moreno en conferencia de prensa, tras insistir en que la Junta no renuncia de "ninguna manera" a recibir el dinero que costó la reparación de la zona afectada por el vertido de las Minas de Aznalcóllar. La consejera negó que la sentencia del Supremo sea un "varapalo" a la Junta, y leyó un párrafo del fallo que habla del "proceloso camino jurisdiccional que por diversas causas no imputables a la Administración recurrente se ha seguido en este caso".

Recordó que ninguna de las sentencias dictadas terminan de entrar en el fondo. "Es este peregrinaje judicial se está produciendo un vacío de hecho que no estamos dispuestos admitir. Se está produciendo de facto una situación de denegación de acceso a la justicia que vulnera el derecho a la tutela efectiva por parte de los tribunales", dijo.

Respecto a las críticas del PP y de los ecologistas por la senda judicial que ha seguido la Junta, Mar Moreno aseguró que hay una "reiteradísima" jurisprudencia de la sala de conflictos del Supremo en la que se exige que haya una sentencia firme, como la última dictada, antes de entrar a valorar los asuntos. Según esta tesis, la Junta no podía recurrir al Tribunal de Conflictos hasta que no se produjera una sentencia firme en este ámbito administrativo. "Por lo tanto, lo ocurrido no responde a ningún error o a una ineficacia de los servicios jurídicos de la Junta".

Sin embargo, los magistrados del Supremo culpan a la Junta en su última sentencia de haber "dilatado la solución del conflicto jurisdiccional". Los jueces recuerdan que en la sentencia del TSJA de 2007 ya se señalaba que debían presentar ese conflicto competencial. Si la Junta lo hubiera hecho en su día, "el conflicto de competencia negativo ya estaría resuelto", insiste el Supremo.

Esta argumentación de los magistrados fue la que utilizó ayer la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, para acusar a la Junta de no haber hecho las cosas bien. Su grupo parlamentario presentará una pregunta para saber cuál ha sido su hoja de ruta y su estrategia.

Por su parte, Ecologistas en Acción también acusó a la Junta de caer en la "incompetencia" y de no haber atendido sus denuncias antes de que se produjera la catástrofe de Aznalcóllar. Isidoro Albarreal, miembro de esta organización ecologista, comparó ayer el caso de Aznalcóllar con los fallos detectados en el sistema de drenaje de la mina Cobre Las Cruces, en la provincia de Sevilla. Según Albarreal, la Junta "no está aplicando" correctamente el control de esta explotación.