Fin a la discriminación en el campo

Los trabajadores del campo perciben la mitad de prestaciones sociales a pesar de cotizar más que el resto a la Seguridad Social. Finalmente, y tras una larga lucha de dos décadas, dejarán el régimen agrario y se integrarán en el general a partir del 1 de enero. Desde ese momento, obtendrán las mismas prestaciones que el resto de empleados por cuenta ajena, con derechos a la jubilación anticipada o al permiso por maternidad. De la situación se beneficiará casi medio millón de jornaleros andaluces, cerca del 60% de todos los del país.

Solo los eventuales de la agricultura que estén cobrando el subsidio o la renta agraria podrán seguir haciéndolo hasta que finalice la prestación. Para quienes se integren en el régimen general esta ayudas pasan a ser incompatibles. También cotizarán por jornadas reales trabajadas y en los periodos de inactividad, cuando se trabaje menos de 23 días al mes, tendrán que pagarse el sello y asumir su cotización.

En los periodos de actividad, será el empresario el responsable del ingreso de las cotizaciones, tanto de las que son a su cargo como de las que son a cargo del empleado, por lo que deberá descontar estas últimas del salario que perciba el trabajador.

Este cambio en la normativa ha empujado a los sindicatos a abrir el debate de la introducción de los fijos-discontinuos como contrato de referencia. "El objetivo es ir hacia la estabilidad en el empleo en el sector agrario", expone Pedro Marcos, de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT.

Pero no parece que los empresarios estén dispuestos a dar ese paso. En la campaña de la fresa de Huelva, donde se negocia el convenio del campo, los patronos condicionan a un mayor rendimiento de los jornaleros los contratos fijos-discontinuos. "Por ahí no vamos a pasar", advierte Marcos.

También en la provincia de Jaén, donde aún se discute el principal convenio agrario (afecta a más de 100.000 trabajadores), los empresarios están utilizando el trasvase de un régimen a otro como arma de negociación.

El gerente provincial de Asaja, Luis Carlos Valero, estima que tendrán que soportar un sobrecoste del 3% en las cotizaciones, y ha dejado entrever que ese es el motivo por el que no están dispuestos a asumir una subida salarial acorde con el IPC, como piden los sindicatos.

"No es cierto que tengan un sobrecoste económico, lo que ocurre es que van a tener que sacar a la luz más economía irregular", asegura Antonio Perianes, de la Federación Agroalimentaria de CC OO. En su opinión, los empresarios agrarios son los únicos que tienen incentivado el contrato por un día y recuerda que, hasta el año 2031, la cotización empresarial permanecerá congelada en el 15%, frente al 23% que rige para el resto.

Los sindicatos y las organizaciones agrarias intensifican en estos días las campañas informativas sobre la integración de los trabajadores del campo en el Régimen General.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) teme "las grandes desventajas" que este acuerdo tendrá para los jornaleros, pero UGT y CC OO hablan de un hito histórico. "Hasta ahora, el trabajo en el campo ha estado muy devaluado y eso dificultaba el relevo generacional", subraya Pedro Marcos, para quien a partir de esta integración "los trabajadores agrarios dejarán de sentirse discriminados".

Asaja recela de la "inseguridad jurídica" con la que se producirá ese trasvase. Luis Carlos Valero asegura que la ley aún no cuenta con reglamento de aplicación y esgrime que deberán aplicarla los empresarios en plena campaña de recogida de la aceituna.