La Línea se asoma al abismo

La situación en el Ayuntamiento de La Línea está muy cerca ya de ser insostenible. Pero lo que es peor -y eso que estamos hablando de una plantilla a la que se le adeudan casi seis nóminas- es que tampoco parece tener solución a corto o medio plazo. Los trabajadores municipales decidieron ayer, durante la celebración de una reunión a la que asistieron unas doscientas personas, constituirse en "asamblea permanente" y paralizar la actividad en el Consistorio. Esta decisión deja al Ayuntamiento de La Línea sin capacidad para negociar servicios mínimos, ya que la prolongación sine die de la asamblea no supone una huelga en sentido estricto. Esta semana, además, se celebran las fiestas patronales de la ciudad que, unidas al puente de diciembre, atraen a numerosas personas a la localidad o que van en tránsito hacia Gibraltar.

El tamaño de la plantilla es una herencia de las etapas del GIL y PP

La situación ya está erosionando el tejido comercial de la ciudad

El pasado mes de marzo, los trabajadores ya protagonizaron una postura similar cuando se les adeudaban las nóminas de enero, febrero y la paga extraordinaria de Navidad de 2010. La medida tuvo un impacto considerable en la vida de la población, como el cierre de los colegios durante dos días a causa de la suciedad acumulada tras el paro del servicio de limpieza.

En la actualidad, el gobierno municipal que preside la socialista Genma Araujo les debe a los 840 trabajadores municipales las nóminas de mayo, octubre y noviembre, una parte de la nómina de julio, otra parte de la de agosto, la extra de verano y dos medias pagas a los laborales.

Los empleados municipales anunciaron el endurecimiento de las protestas al considerar que el gobierno municipal no aporta novedades, a pesar de que la alcaldesa aseguró estar haciendo gestiones con distintas entidades financieras "para conseguir hacer efectivo un aval de la Diputación por importante de 1,3 millones de euros". Pero este dinero tan solo permitiría hacer frente al pago de una de las nóminas atrasadas, poco más que un parche ante la magnitud del problema.

"Vamos a cortar el tráfico y vamos a plantearnos trasladarnos hasta la Diputación de Cádiz, Sevilla o Madrid, para reclamar una salida a la situación que vive esta ciudad", exclamó el secretario provincial de la Federación de Servicios Públicos de UGT, José Porras Naranjo, quien añadió: "A partir del miércoles, no vamos a permitir a nadie, ni siquiera a los políticos, que entre en el Ayuntamiento". Jesús González Aragón, de Comisiones Obreras, recalcó: "La plantilla va a seguir en asamblea, toda la semana", ya que, de momento, la huelga general que se barajaba como opción para reclamar los pagos por parte del gobierno municipal ha quedado en suspenso.

Mientras tanto, desde el equipo de gobierno no se ofrecieron respuestas a las protestas de los sindicatos y trabajadores municipales, ya que, según el comité de empresa del Ayuntamiento, "tan solo han confirmado que no pueden pagar". "Esto es más de lo mismo", declaró Porras Naranjo quien equiparó así la postura del gobierno socialista de la localidad con la que mantuvieron los dirigentes del Partido Popular, que sustituyeron al Grupo Independiente Liberal (GIL) de Juan Carlos Juárez tras la incorporación del equipo de este a las filas del PP, en 2001.

La situación en el Ayuntamiento linense es insostenible económicamente debido a la sobredimensionada plantilla municipal y, sobre todo, a la ausencia de control del gasto durante los años de gobierno del exalcalde Juan Carlos Juárez y su sucesor, el actual portavoz municipal del PP, Alejandro Sánchez. Años en los que la deuda del Ayuntamiento superó los 200 millones de euros. La política de tierra quemada ejercida por el entonces gilista Juárez y mantenida por el PP ha desembocado en una situación insostenible que ya está erosionando el tejido comercial y de servicios de la localidad. El problema ya no reside tanto en pagar lo que se debe sino en encontrar la fórmula que equilibre ingresos y gastos de una vez para siempre.

"El Ayuntamiento adeuda, 40 millones de euros a la Seguridad Social y Hacienda, otros 130 a proveedores, 45 millones por sentencias firmes por impagos, cuatro millones que se tienen que devolver al Gobierno por la no ejecución de obras del Plan E, otros tres a la Junta de Andalucía por subvenciones concedidas a proyectos que no se llegaron a ejecutar y casi ocho millones que se adeudan a la plantilla municipal", confirmó ayer la propia alcaldesa. Araujo, que entiende las protestas de los trabajadores, sigue haciendo gestiones para poder pagar.