Salud detecta irregularidades en uno de cada tres juguetes
Uno de cada tres juguetes presenta alguna irregularidad, según el resultado de la campaña de inspección de este año presentado ayer por la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, quien también anunció un informe jurídico sobre los cupones descuentos, una modalidad de consumo que ha crecido este año y cuyo uso se ha extendido en la presente Navidad.
Tras 629 controles especiales efectuados por la Dirección General de Consumo en 356 establecimientos comerciales andaluces, se han detectado infracciones en 144 e irregularidades en un tercio de los productos analizados.
La labor de seguimiento de la Junta de Andalucía ha sido especial en los bazares y comercios que venden juguetes a precio reducido.
Las inspecciones han dado lugar a 21 expedientes sancionadores y se han detectado ocho artículos inseguros que han sido incorporados a la red de alerta. Otros cuatro están todavía en análisis y 10 más no han sido incluidos en la lista por los recursos presentados por las empresas afectadas. En todo el año, hasta el pasado 1 de diciembre, Consumo ha tramitado avisos de 53 productos, de los que 41 son juguetes.
La red de alerta es un sistema de intercambio rápido de información que funciona a nivel europeo y cuyo objetivo es detectar e intervenir de la manera más ágil posible artículos inseguros.
Cupones
Sobre los cupones y las tarjetas regalo, Montero informó de que el informe jurídico elaborado por la Junta de Andalucía servirá de base para las campañas de inspección de esta modalidad de comercio. En noviembre, Salud, de acuerdo a un documento estatal elaborado con la participación de los Gobiernos autonómos, sancionó a una cadena de moda por vender tarjetas de regalo con fecha de caducidad. Los servicios de inspección determinaron que es abusivo no devolver el dinero si caducan sin haber sido canjeadas, ya que en las condiciones de la tarjeta se indica que "no puede ser devuelta ni cambiada por dinero".
El informe entendía que no abonar el importe pagado por ese servicio supone la rescisión unilateral del contrato por parte de la empresa y el consumidor pierde el dinero sin haber obtenido una contraprestación a cambio.
