Desconcierto en Europa

A punto de terminar el año 2011 y más de tres años de crisis económica y financiera, Europa sigue sumida en el desconcierto. Sus instituciones no toman las decisiones necesarias según sus propias responsabilidades, y cuando toman algunas de ellas, los Estados miembros no las aplican o lo hacen con poca diligencia.

El último tratado de la UE, el Tratado de Lisboa, establece las responsabilidades de las tres instituciones de la Unión Europea de los Veintisiete (Consejo, Comisión y Parlamento), así como las del Sistema de Bancos Centrales Europeo (SBCE), responsable de la estabilidad de los precios. El funcionamiento de estas instituciones es complementario: el Consejo, que reúne a los líderes europeos y nacionales, establece las orientaciones políticas generales. Además de impulsar la modificación de los tratados, en épocas de crisis puede actuar como un foro político para aportar soluciones. Lo hace emitiendo orientaciones, definiendo calendarios y objetivos concretos y declaraciones o resoluciones con la posición de los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros.

Habrá que avanzar y crear una autoridad económica europea con un presupuesto federal

La Comisión representa y defiende los intereses del conjunto de los 27 países de la UE. Aunque tiene el derecho de iniciativa para promover cambios en la legislación, lo hace siguiendo el principio de subsidiariedad y tras escuchar a comités y grupos de trabajo y consultar a los expertos para resolver los aspectos técnicos. Además, gestiona el presupuesto de la UE.

El Parlamento Europeo representa a la ciudadanía europea y es elegido democráticamente entre todos los ciudadanos de la UE. El Tratado de Lisboa aumentó su ámbito de actuación. El Parlamento somete a su aprobación cualquier directiva de la UE promovida por la Comisión Europea y presentada por el Consejo Europeo. Además, lleva el control de la Comisión para garantizar su funcionamiento democrático. Junto al Consejo, adopta el Presupuesto de la UE que luego gestionará la Comisión.

El Tratado de la UE establece el Sistema Europeo de Bancos Centrales, formado por los 27 bancos centrales de los Estados miembros y por el BCE bajo el supuesto de que todos llegarán a tener el euro como moneda común y con el objetivo primordial de mantener la estabilidad de los precios. También debe contribuir a los objetivos comunitarios de crecimiento y estabilidad.

Pero en las circunstancias actuales de crisis financiera y sus efectos sobre el euro, el BCE actúa solo en lo referente a los 17 países integrantes del eurosistema, algo no contemplado en el Tratado. Se rige básicamente por los propios estatutos del BCE. Por eso es tan complejo entender las dificultades que hay para ampliar su capacidad de intervenir en el sistema financiero.

Sus funciones son muy diferentes a las de la Reserva Federal o las del Banco de Inglaterra, ya que, aunque es el responsable de la emisión de euros, sus funciones de intervención en el mercado están limitadas al no poder comportarse como prestamista de última instancia. El BCE da facilidades de crédito a los bancos siempre con los consiguientes avales o colateral y a un precio muy reducido. También está comprando deuda soberana en el mercado secundario sin que esté muy claro si está dentro de sus competencias. Y parece que su capacidad de intervenir está más en función de la confianza y del beneplácito del Bundesbank; o, dicho de otra manera, de Alemania.

En esta situación, resolver el problema de la deuda soberana no parece tanto un problema de reforma del Tratado que afecta a los Veintisiete, sino de llegar a acuerdos entre los 17 países de la Unión Económica y Monetaria para modificar los estatutos del BCE y que este pueda cumplir con sus objetivos. La situación es grave y urgente, y es probable que la única vía para llegar a un acuerdo sobre la ampliación de funciones del BCE sea asegurar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria en los Estados miembros, ya sea a través de un control de la Comisión y/o del Parlamento Europeo. Con un compromiso de intervención del BCE en la deuda soberana, los precios podrían situarse en niveles asumibles y se podría comenzar a pensar en impulsos al crecimiento. A más largo plazo, habrá que avanzar y crear una autoridad económica europea con un presupuesto federal que permita que la Unión Europea sea realmente una unidad económica y no solo monetaria. La unión política vendría más tarde.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).