El PP suelta lastre

La Comunidad Valenciana gobernada por el PP ha venido siendo una estrella mediática generadora de noticias aflictivas provocadas por la corrupción política que nos ha devorado. Pudo pensarse con sobrado fundamento que éste era un paraíso judicial en el que toda trapacería tenía asiento a la sombra de unos jueces laxos y lentos, además de un electorado cautivo y contento de que le metiesen la mano en el bolsillo. Tan es así que la gravedad de los delitos y la audacia de los delincuentes fue creciendo hasta convertir esta autonomía en una ladronera y un referente del mal gobierno. Una hipoteca que obviamente no interesa a los responsables del partido que acaban de llegar al poder y tienen las manos limpias. Lógico es que, liquidadas las elecciones, comiencen a largar lastre.

Por lo pronto, Carlos Fabra, el jovial cacique castellonense, ha dejado de estar ungido por la suerte y el halo de la impunidad. Como es sabido, el Tribunal Supremo le ha dado esta semana un buen tantarantán a la doméstica Audiencia de Castellón, obligándole a que le juzgue por los cuatro delitos fiscales, que antes había dado por prescritos, y que se suman a los de fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho. Un benemérito. Todo al tiempo, quien también fuera presidente de la diputación alicantina, José Joaquín Ripoll, ha tenido que comparecer ante el juez que investiga el caso Brugal por un presunto soborno en una contrata de basura. No declaró una palabra, acogiéndose el derecho que le ampara. Pero ¿qué decir, después de haberse publicado las elocuentes transcripciones policiales que le incriminan?

En sintonía con lo dicho -y no casual a nuestro parecer- a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, también le han apretado las clavijas en las Cortes, recordándole, al decir de la diputada de Compromís, Mireia Mollá, que "el banquillo la está esperando" por las trapisondas que comparte con su hermano y un constructor a propósito del Plan de Ordenación Urbana de la ciudad. Una maldad parlamentaria que podría ser irrelevante, pero que en estos momentos adquiere visos alarmantes después de que el presidente Alberto Fabra haya dado la venia para que se investigue el inaudito saqueo de Emarsa, la empresa depuradora de las aguas de Valencia, y que incluso la Generalitat se persone como acusación en el caso. ¡Quien hubiera dicho que el gran líder se invistiese un día de justiciero!

Y es que, como corolario de estas novedades, resulta coherente deducir que tanto Mariano Rajoy como el titular del Consell quieran librarse de estos pesos políticamente muertos que les hieren como un indeseado cilicio. No es extraño que los jueces así lo hayan comprendido y tácitamente les estén echando una mano para limpiar las sentinas del partido. Habrá que estar atentos a las andanzas del diputado Federico Trillo, experto en trabar la justicia cuando afecta a sus cofrades. Si no cabildea por los pasillos y las salas es que, en efecto, quienes mandan han señalado la condena con el pulgar hacia abajo.

Sólo cabe hacer votos por que esta suerte de glásnost o transparencia informativa no sea un espejismo e ilumine todos o muchos de los asuntos opacos que han afamado al país valenciano como madriguera de chorizos. Los millones pagados a Santiago Calatrava por edificios no construidos, los dineros del viaje del papa, las cuentas de la "tele" y los que se encubren con el pretexto de la confidencialidad, esa secuela franquista. Quizá haya llegado la hora de la luz y de la justicia.