Cataluña despedirá a interinos y eliminará pagas y permisos

La indignación en el lado de los delegados fue tal que a punto estuvieron de levantarse de la Mesa General de la Función Pública, donde se sientan representantes de los sindicatos y de la Generalitat. La magnitud de los recortes a los empleados públicos de la Administración catalana y sus empresas públicas, que expusieron ayer los responsables de la Función Pública, no tiene precedentes. "Supone hacer retroceder 30 años las condiciones salariales, laborales y sociales de la plantilla de la Administración catalana", clamó CC OO en un comunicado. La Generalitat quiere reducir entre un 3% y un 5% los complementos de los funcionarios. Esto implicaría una rebaja salarial total de entre el 1% y el 1,7%.

"Supone retroceder 30 años en nuestras condiciones laborales", dice CC OO

El documento de propuestas que la Generalitat entregó a los sindicatos clasifica 19 medidas, entre estructurales y coyunturales. En las coyunturales figuran la "revisión" de las plantillas de interinos "en servicios no finalistas ni esenciales", la rebaja en la parte catalana de las pagas dobles de 2012, la suspensión del Fondo de Acción Social (FAS, ayudas para hijos con discapacidad, dentista, etc.) y de la aportación al plan de pensiones y la no convocatoria de nuevas plazas de trabajadores públicos.

En el capítulo de recortes estructurales destacan la "revisión" del tique comedor de cinco euros las tardes que los funcionarios trabajan, la reducción de días de asuntos propios (ahora hay entre 8 y 11) y de días de vacaciones por antigüedad, la supresión del complemento de asistencia que tienen algunas empresas públicas y la supresión de las subvenciones sindicales y del número de liberados sindicales "por encima de lo que prevé la normativa".

El capítulo que más preocupa es el de los despidos de interinos: el sindicato recordó ayer que el personal temporal e interino supone entre un 25% y un 30% del total de la Administración (203.000 personas si se suman los departamentos, el servicio catalán de salud y las empresas públicas). La segunda preocupación es la pérdida de poder adquisitivo: a la rebaja del 5% impuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, se suma la congelación vigente. Con las propuestas, los representantes de los trabajadores aseguran que la pérdida acumulada alcanzaría el 20%, si se tienen en cuenta los complementos que se retiran y suspensiones coyunturales como el FAS.

El representante del Sector de la Generalitat de UGT, Xavier Casas, calificó la propuesta de la Generalitat de "declaración de guerra" y de "recorte inédito, que atenta contra las medidas de conciliación y manda al paro a centenares de empleados".

En tono conciliador, a mediodía desde el Parlamento, la vicepresidenta del Gobierno catalán y responsable de la cuestión, Joana Ortega, quiso mostrar la voluntad negociadora del Ejecutivo para lograr un acuerdo que satisfaga a Gobierno y sindicatos. "Compartimos la voluntad de una función pública profesional, efectiva, ágil, e intentar preservar el máximo posible todos los puestos de trabajo", aseguró Ortega en los pasillos de la Cámara catalana. La vicepresidenta reclamó "un esfuerzo" para lograr el acuerdo y aseveró que el Gobierno está abierto a negociar. "No venimos con un acuerdo cerrado", concluyó Ortega.

Más allá de los recortes salariales, la Generalitat quiere hacer gestos hacia el Partido Popular para lograr su apoyo a los próximos Presupuestos. De ahí que esté ultimando un plan para dar satisfacción a una de sus reivindicaciones más repetidas: acabar, o como mínimo minimizar, la red de delegaciones de la Generalitat en el exterior, popularmente conocidas como embajadas. El Gobierno de CiU está dispuesto a reducir la red y estudia el cierre de una o dos de estas seis oficinas. En las que queden abiertas se reduciría sensiblemente la dotación de personal, para dejarlas como simples oficinas de promoción económica para captar inversiones o ayudar a la internacionalización de empresas catalanas. Fuentes del Gobierno explicaron ayer que el objetivo es acabar con el concepto embajada, para dar así mayor imagen de austeridad. La que más números tiene para cerrar es la de Buenos Aires.

La Generalitat también tiene delegaciones en Nueva York, Londres, París, Bruselas y Berlín. En todas ellas hay personal de promoción económica y un delegado que ejerce tareas de representación política con un sueldo de 80.000 euros anuales. Los elevados costes de mantenimiento de estas delegaciones han conllevado numerosas polémicas: solo la de Nueva York, instalada en el exclusivo Rockefeller Centre, cuesta cada año 330.000 euros, sin contar el gasto en personal.