"La sensibilidad sola no sirve"

La Coordinadora Vasca de Representantes de Personas con Discapacidad (Edeka) tiene registradas a 36.300 personas con discapacidades sensoriales, intelectuales y físicas en Euskadi. En el conjunto de España hay cuatro millones, lo que representa el 10% sobre el total de la población, un porcentaje similar al del resto de países desarrollados. El colectivo aspira a mejorar su integración sociolaboral, apuesta por la educación inclusiva y rechaza los recortes de derechos sociales. Para ello aún es necesario "movilizar mentalidades", como señala Luis Cayo, presidente del Comité Español de Personas con Discapacidad (Cermi), que ayer inauguró junto al Gobierno vasco y Edeka en Bilbao el séptimo Congreso Estatal sobre Discapacidad, que se clausura mañana.

Los organizadores critican que las empresas incumplan la cuota del 2%

Bajo el lema 2011-2020, una década para la inclusión, el evento analiza, entre otras cuestiones, la necesidad de elaborar una nueva normativa que regule su acceso al mercado laboral, ya que la vigente, la ley de Integración Social de los Minusválidos, de 1982, está "obsoleta". "¿Qué sigue igual en el ámbito socioeconómico después de 30 años? Nada", critica Cayo.

Por eso, el Cermi quiere "sentar unas nuevas bases" para afrontar el futuro. La tasa de actividad del colectivo está casi 40 puntos por debajo de la de la población sin discapacidad. "Nuestra tasa de paro es tres veces superior a la de la población general", ilustra el presidente del comité. "Si los empresarios, los agentes socioeconómicos, la comunidad en general acepta la diferencia de la discapacidad como algo positivo y con potencial, terminará aceptándolo como empleado, como emprendedor...", señala Cayo.

El nuevo modelo debe conectar, en opinión del presidente del Cermi, el empleo con la educación, "ahora rígidamente separados". "Todavía los discapacitados están excluidos en el proceso educativo", sostiene Cayo. Arrastran un déficit educacional que resta competitividad al colectivo. "Llegamos poco a la Universidad, aunque va mejorando. En España el 18-19% tiene un título superior. Entre los discapacitados, solo el 3%", ilustra.

Cayo opina que, tal y como defienden las Naciones Unidas, "no cabe la educación segregada". En España el 80% de los niños discapacitados cursan sus estudios en aulas ordinarias.

Cayo aboga por una mayor coordinación integral del sistema a nivel educativo, social y laboral. "No podemos esperar pasivamente a que nos atiendan, sino poner todo de nuestra parte para ser competitivos".

Otra medida que reclama el comité es que las Administraciones no puedan adquirir o contratar bienes o servicios que sean prestados por empresas que no cumplan los cupos de inclusión del 2% para empresas con más de 50 empleados. Cayo rechaza las políticas represivas para obligar a las compañías a acatar la ley. "La cuota no es un fin en sí mismo para nosotros, es un instrumento. Históricamente, España se ha caracterizado por su incumplimiento sistemático. Ahora, para que veamos la magnitud del problema, aplicándose la cuota en su literalidad se crearían 90.000 empleos. Tenemos casi 800.000 personas inactivas, así que no resolveríamos el problema del desempleo. Cuota si, pero mucho más que cuota", dice Cayo. "Agradecemos que los políticos tengan sensibilidad, pero la sensibilidad solo no nos sirve. Incluso a veces nos hiere porque hablamos de derechos y los derechos no pueden depender de que alguien sea sensible".

Sin embargo, hay muchas personas "para las que no está en su expectativa vital tener un empleo, no están formándose, no están pensando en activarse", admite Cayo. ¿Por qué? En algunos casos es por "sobreprotección familiar". En otros, "es la sensación de que no eres una persona empleable, piensan más bien en tener una pensión y un cuidado pasivo, no en ser protagonista de tu destino económico". A veces, es que la legislación existente en torno a pensiones y ayudas sociales es muy rígida y hace que "no sea compatible" tener algún tipo de protección social con trabajar.