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PP y BNG anulan el pleno convocado por Caballero para saldar una deuda municipal

El pleno extraordinario que se celebró ayer en Vigo podrá tener consecuencias sobre el patrimonio de los concejales que anularon su eficacia, según amenazó el alcalde, Abel Caballero, a su término. No llegó a votarse el asunto de la convocatoria -una modificación presupuestaria para el pago perentorio de una deuda- porque previamente, y después de un vivo debate, el PP votó en contra de la urgencia y el BNG se abstuvo. El PSOE chocó con la realidad de su minoría.

Todos coincidieron en la necesidad de pagar la deuda, generada en 1990 -alcaldía de Manoel Soto- en una permuta de edificabilidad por una parcela para parque público. El Ayuntamiento no cumplió y, por sentencia judicial de 1993 -alcaldía de Carlos Príncipe-, tiene que indemnizar a los dueños de aquella parcela con un principal de 989.801 euros más 1.023.339 euros de intereses que ha ido acumulando el incumplimiento de la sentencia. Hace unas semanas el Ayuntamiento tuvo que desembolsar más de 13 millones por un caso análogo. Pueden encontrarse responsabilidades en los tres grupos, en la medida que en estos años gobernaron los tres, y ayer unos y otros cumplieron ese cometido de echarse mutuamente las culpas.

El alcalde amenaza con consecuencias sobre el patrimonio de los concejales

Pero no fue el pago de la deuda, sino el reconocimiento de la prórroga a Aqualia, concesionaria del servicio de aguas, lo que avivó el debate, ya que se proponía pagar la deuda con los 1,9 millones presupuestados como primera entrega municipal del pago de los terrenos de la nueva depuradora. Esta compra, sin embargo, la pagará Aqualia a cambio de la prórroga de la concesión, que Caballero aprobó el pasado lunes.

La concesionaria pagará los terrenos, casi 10,3 millones, e inversiones no concretadas hasta llegar a 35,8 millones, más los 45 millones de IVA que le correspondería abonar al Ayuntamiento con la recepción de la nueva depuradora. Eso defendió David Regades, concejal de Fomento, en el pleno. La concesionaria, hasta ahora, dijo, no hacía obras ni reparaba averías porque en 2007 ya había agotado en anticipos la disponibilidad de fondos para ese fin hasta 2015.

La nacionalista Iolanda Veloso reclamó del gobierno otra manera de hacer las cosas. El expediente para la ejecución de la sentencia, argumentó, ha estado semanas parado y sería igualmente factible llevarlo al pleno ordinario del próximo lunes. Insistió, a su vez, en que la prórroga a Aqualia penaliza a los ciudadanos con otros cinco años de tarifas injustas, cuando existe otro compromiso previo del gobierno de revisarlas, y requiere de una auditoría que tampoco se ha hecho. "¿Por qué no traen a pleno la prórroga de ese contrato?", increpó, y apuntó que no se haya considerado, por ejemplo, la merma de empleos en Aqualia en los últimos años. La popular María José Bravo expresó su coincidencia de fondo con esos planteamientos.

Caballero, tras rechazarse la urgencia, advirtió de las posibles consecuencias penales para quienes la desetimaron. Pero el PP no se opuso a saldar la deuda, sino a la urgencia del pleno: el auto judicial que ordena el pago lleva un mes en el Ayuntamiento y el plazo para ejecutarlo llega hasta el 20 de enero.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de noviembre de 2011