Economía confirma la sanción a los 38 exdirectivos de Cajasur

El Ministerio de Economía y Hacienda ha confirmado la sanción de 2,4 millones impuesta a 38 exresponsables de la extinta Cajasur, hoy en manos de BBK, tras su intervención en mayo de 2010. La orden que ratifica el expediente sancionador abierto por el Banco de España fue firmada el 16 de noviembre por el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa Fernández, y empezó a ser notificada a los implicados tras las elecciones del domingo.

El ministerio, al igual que el Banco de España, considera que los exdirectivos incurrieron en tres faltas muy graves: deficiencias en el control interno, incumplimiento de las exigencias del supervisor e incumplimiento de la cobertura mínima de recursos propios. También se incluye otra falta grave por concentración de riesgos. La intervención de la antigua caja cordobesa se produjo después de que su Consejo de Administración ignorase al Banco de España y rechazara aprobar la fusión con la malagueña Unicaja.

Resolverá el PP

Los afectados tienen ahora un mes para poder presentar un último recurso ante el Ministerio de Economía y Hacienda. Será ya el próximo responsable económico del nuevo Gobierno del PP el que resuelva este expediente en el que figuran, entre otros, el actual alcalde popular de Córdoba, José Antonio Nieto, y dos prelados, el obispo de Bilbao, Mario Iceta, y el obispo auxiliar de Sevilla, Santiago Gómez Sierra. Entre los expedientados también está el exregidor cordobés Andrés Ocaña (IU) y el líder de los socialistas en esta provincia, Juan Pablo Durán.

Todos los afectados que fueron consultados ayer por este periódico -pertenecientes al sector eclesiástico, al de los políticos y los profesionales- anunciaron su intención de recurrir ante el ministerio. Si Economía siguiera en las mismas manos no habría muchas dudas de que este último recurso administrativo no prosperaría, al tener que resolverlo el mismo departamento que ha ratificado la sanción. Sin embargo, el cambio de Gobierno y de titular de Economía puede acarrear alguna sorpresa.

Con todo, a los afectados les queda también la posibilidad de ir a la vía judicial y presentar un recurso en la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Los expedientados consultados sostienen que no se han tenido en cuenta sus alegaciones.