El PSOE priva a Arenas del gancho de sus alcaldes en las andaluzas

Los alcaldes no podrán ser también diputados del Parlamento de Andalucía a partir de los comicios autonómicos previstos para marzo. La mayoría absoluta socialista consiguió ayer aprobar una reforma de la Ley Electoral que dicta tal incompatibilidad, a solo cuatro meses de la cita con las urnas. La medida ha caído como una bomba en la bancada popular. Cuentan con 17 regidores -el mayor número registrado nunca en la historia de la Cámara autónoma- que han sido piezas fundamentales de la estrategia electoral de Javier Arenas tanto para el 20-N como para la convocatoria andaluza.

La reforma -que se suma a un voluminoso paquete llamado de transparencia y afecta a otras cuatro leyes- supone un quebranto considerable en las filas populares. Arenas ha aprovechado el gancho de las caras más conocidas para optimizar resultados y esta baza le queda, en adelante, vetada. Un vistazo a los escaños del PP da una idea del desaguisado: Juan Ignacio Zoido (Sevilla), Pedro Rodríguez (Huelva), José Antonio Nieto (Córdoba), José Fernández de Moya (Jaén), Ángeles Muñoz (Marbella) o Esperanza Oña (Fuengirola). Son algunos de los dirigentes que se quedarán fuera de las listas electorales de las autonómicas, a no ser que el líder del PP decida presentarlos (como sugirió en septiembre) aunque luego tengan que renunciar. Porque la incompatibilidad afecta únicamente al ejercicio del cargo, es decir, los alcaldes pueden ser candidatos pero luego están forzados a elegir entre un puesto u otro. No ocurre lo mismo con la ley gallega -que el portavoz socialista, Miguel Ángel Vázquez, esgrimió ayer para subrayar la "incoherencia" del PP-, que prohíbe a los regidores figurar incluso en las papeletas.

La norma gallega, aprobada en 1992 bajo el mandato de Manuel Fraga, empezó a contar desde 1994 y nunca se ha recurrido. A este hecho, a que nunca ha sido puesta en cuestión, se agarran los populares para tener expectativas en un futuro recurso ante el Tribunal Constitucional, que ayer anunció formalmente la portavoz parlamentaria, Esperanza Oña, quien, en calidad de alcaldesa, quiso simbolizar el acto "vengativo" y de "perversión de la democracia" consumado por el PSOE. Los socialistas, sostienen, no obstante, que es difícil que el Constitucional vuelva del revés una norma que, en el caso gallego, tienen una práctica de más de tres lustros.

Oña calificó la nueva ley de acto de "acoso y derribo, deshonestos e hipócrita". "Ustedes no soportan el resultado de las urnas y usan la ley, no para mejorar la sociedad y generar más igualdad, sino en una acción totalitaria para adaptarla a sus caprichos electorales", enfatizó.

Vázquez dio la réplica en un tono similar. Tras hablar de que Andalucía pasa a ser un ejemplo, dijo: "Lo que les molesta es que gracias a esta reforma se conozca que en 2010 Arenas cobró 178.000 euros brutos al año". Se refería a la obligación -que también fue aprobada, y con unanimidad- de que los diputados cuelguen sus sueldos en Internet.

IU se descolgó de la ley electoral (que apoyó al principio) por quedarse corta y se abstuvo.