La oposición anula el pleno de Vigo que iba a aprobar la prórroga con Aqualia

El pleno extraordinario se celebró, pero como si no. Sirvió para que los tres grupos municipales de Vigo expusieran sus criterios sobre la prórroga a la concesión de Aqualia, pero fue anulado en la votación de su urgencia, que el alcalde, Abel Caballero, pospuso al debate. El PP votó en contra de la urgencia, el BNG se abstuvo y los 11 votos del PSOE no fueron suficientes para que los tres grupos se pronunciaran sobre el único asunto de la convocatoria: la ejecución de una sentencia que requiere una modificación de crédito en los presupuestos, lo que, tácitamente, introduce una prórroga de cinco años en la concesión del servicio de aguas a Aqualia.

El concejal de Fomento, David Regades, que actuó como portavoz socialista, recordó que esa sentencia firme ya entró en el Ayuntamiento en 2004, cuando el PP estaba en el gobierno municipal y la guardó en un cajón -"Ya llevamos más de 13 millones pagados este año por sentencias, por la mala gestión del PP", apostilló- y que la concesionaria del abastecimiento y saneamientos de aguas, Aqualia, no podía hacer obras ni reparar averías porque en 2007 ya había agotado la disponibilidad de fondos para las inversiones del periodo de la concesión, que llega hasta 2015.

En esta tesitura solo cabía "agudizar el ingenio", prosiguió Regades, esto es, la prórroga a Aqualia, que conlleva un ahorro de 80 millones a las arcas municipales en inversiones en obras y, cuando el Ayuntamiento recepcione la obra, en el IVA de la nueva depuradora. No lo creyó así la oposición.

La nacionalista Iolanda Veloso reclamó del gobierno otra manera de hacer las cosas. El expediente para la ejecución de la sentencia, argumentó, estuvo semanas parado y se resolvió en un día -el lunes, en que la Xunta de Goberno aprobó la prórroga a Aqualia y la convocatoria del pleno de ayer, pese a que el próximo lunes se celebrará otro ordinario-, aunque quedan tres meses, hasta el 30 de diciembre, para ejecutar la sentencia. Veloso insistió en que la prórroga a Aqualia penaliza a los ciudadanos con otros cinco años de tarifas injustas y requiere de una auditoría previa que no se ha hecho. "¿Por qué no traen a pleno la prórroga de ese contrato?", preguntó.

La popular María José Bravo expresó su coincidencia de fondo con esos planteamientos del BNG: "No se entiende tanta urgencia", dijo. La deuda viene arrastrándose desde 1990, con el socialista Manoel Soto en la alcaldía, y la sentencia es firme desde 1993, cuando gobernaba el también socialista Carlos Príncipe. Desde entonces se han generado 1.023.339 euros en intereses, que superan el principal de la indemnización (989.801 euros) por la permuta de una parcela para hacer un parque público.