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Reportaje:Laboratorio de ideas | BREAKINGVIEWS. REUTERS

¿Quién teme al banco feroz?

Cómo solucionar el problema inmobiliario de España

España sufre una resaca inmobiliaria. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los bancos españoles es qué hacer con los préstamos y propiedades inmobiliarias que ha dejado el auge y caída de la construcción. Ahora se dice que el Partido Popular, actualmente en la oposición y del que se espera una victoria contundente en las elecciones de hoy, está planteándose la creación de un banco malo respaldado por el Estado. Esa idea se ha puesto a prueba en Irlanda con éxito desigual. Sería una estrategia muy arriesgada para España.

Las entidades crediticias españolas tienen en sus manos 338.000 millones de euros de exposición inmobiliaria, la mitad de los cuales son problemáticos, según el Banco de España. Crear un banco malo liberaría los balances generales y permitiría a las directivas centrarse en conceder nuevos préstamos. Al intercambiar activos fallidos por bonos garantizados por el Estado, las entidades crediticias también obtendrían un colateral adicional que podrían usar para adquirir préstamos del Banco Central Europeo.

El problema, sin embargo, es valorar con exactitud los préstamos de las propiedades en un momento de escasez de transacciones, especialmente de suelo. Llevar a cabo las valoraciones de manera conservadora protege a los contribuyentes, pero obliga a los bancos a materializar grandes pérdidas. Esto genera un gran agujero de capital que es necesario llenar. Por otro lado, si las valoraciones son demasiado altas, los contribuyentes estarán expuestos a futuras pérdidas.

Además, el banco malo consumiría escasos recursos de España. Supongan, por ejemplo, que los 176.000 millones de euros de activos de propiedades problemáticas tienen que depreciarse un considerable 60%. Resten las provisiones existentes y los bancos tendrían que absorber 33.000 millones de euros de pérdidas, después de impuestos. El Estado tendría que ayudar a recapitalizar una parte. Y todavía tendría que gastar otros 70.000 millones de euros, lo que aproximadamente equivale al 7% del PIB, en comprar los préstamos de mala calidad.

Un enfoque diferente podría ser que el Estado obligase a los bancos a reconocer claramente unas grandes pérdidas en activos de mala calidad, pero decidiese no comprarlos. Es cierto que el Gobierno seguiría teniendo que nacionalizar completamente o parcialmente algunas entidades crediticias. Sin embargo, posteriormente podría ir entresacando los activos malos de esas entidades y devolver los bancos limpios al sector privado. Puede que esta no sea una solución tan pulcra como la del barrido completo que proporcionaría el banco malo, pero minimizaría el riesgo para el atribulado contribuyente español. -

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 20 de noviembre de 2011