Un margen muy estrecho

La campaña electoral del PP ha repetido en un tono u otro el estribillo "sabemos lo que hay que hacer porque ya lo hicimos antes". Alude el eslogan a la situación de la economía en 1996, cuando José María Aznar ocupó el Gobierno y consiguió afianzar la recuperación económica, aquejada de un bajo crecimiento y una elevada tasa de paro desde 1992. Pero el caso es que la recuperación y la prosperidad que el PP se atribuye en exclusiva -a partir, sobre todo, de 2000- no tuvieron que ver únicamente con sus decisiones. Ha de reconocerse el tesón del primer Gobierno Aznar por concluir la integración de España en el euro (una decisión que había sido políticamente pactada en Gobiernos anteriores), para lo cual se articularon dos primeros presupuestos restrictivos (los únicos decididamente austeros de ambas legislaturas). Pero el crecimiento y la creación de empleo hasta 2004 hay que cargarlos sobre todo en el haber de una política monetaria expansiva aplicada por el BCE en sus primeros años de ejercicio, con unos tipos de interés muy por debajo de la inflación española. Este mecanismo activó una burbuja inmobiliaria que los Gobiernos populares hincharon y que los socialistas continuaron.

El mensaje del "sabemos lo que hay que hacer, porque ya lo hicimos antes" es confuso, porque la recesión que empezaba a ceder en los primeros meses de 1996, después de un esfuerzo presupuestario restrictivo de Pedro Solbes, nada tiene que ver con la grave crisis financiera que asola Europa y la recesión persistente provocada por esa crisis, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la incapacidad de la economía para crecer. La economía española aparece acosada desde todos los frentes: extremada escasez de crédito, austeridad presupuestaria obligada por los compromisos con la Comisión Europea, un mercado inmobiliario hundido y una desconfianza enfermiza de los mercados hacia la solvencia española que está llevando a la deuda al borde mismo del impago. Las recetas tradicionales no sirven: los ajustes estatales y autonómicos destruyen empleo, mientras que las políticas de estímulo de la demanda, probablemente correctas para aumentar el consumo y la inversión, no pueden aplicarse porque las restricciones fiscales son prioritarias. El endeudamiento está severamente restringido (salvo la refinanciación) y su coste, en todo caso, resulta prohibitivo; el margen de maniobra presupuestario no existe y tampoco es posible actuar desde la política monetaria, puesto que los tipos de interés (que marca el BCE) ya son reducidos; aunque todavía pueden bajar, su efecto sobre la economía real no sería definitivo. Sin crédito y sin demanda no hay recuperación, y ambas vías están cegadas por la crisis financiera, la contracción fiscal y el desempleo.

Ni el Gobierno del PP (si gana) se enfrentará al mismo tipo de crisis que en 1996 (la presente se asemeja a la Gran Depresión de 1929) ni la economía española podrá beneficiarse de las decisiones aplicadas entonces. De hecho, lo que cabe hacer circula por un canal muy estrecho. Se resume en presentar (con rapidez, no se puede esperar a febrero) un plan adicional de ajuste para el próximo año en torno a los 18.000 millones (menos gasto y más impuestos), con el fin de aliviar la presión en las subastas. Y otro para el año siguiente. Si queda espacio, cosa dudosa, articular un plan de choque para incentivar la demanda. -