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El Gobierno culpa a los jueces del robo de droga en Málaga

López Luna dice que no llegó el visto bueno judicial para destruir la cocaína

Fernando J. Pérez

Cinco días después de conocerse el robo de al menos 300 kilos de cocaína del depósito del puerto de Málaga, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Hilario López Luna, máximo responsable político de esta instalación, rompió ayer su silencio. Y lo hizo para cargar a los jueces con la responsabilidad de la sustracción de la droga. Según él, "a pesar de que se había pedido a los jueces autorización para destruir [la droga] , esa autorización no había llegado", y por esa razón los estupefacientes permanecían en el almacén de Sanidad Exterior, de donde fueron robados la noche del sábado al domingo pasados.

El máximo representante del Estado en la provincia aseguró que la partida de narcóticos robada ya había sido analizada y los jueces disponen de una muestra, por lo que su desaparición "no va a entorpecer ninguna investigación".

López Luna negó haber tenido conocimiento de problemas de seguridad en el almacén. "La Subdelegación no ha recibido nunca, ni por parte de la Guardia Civil, ni por parte de la empresa de seguridad, ninguna comunicación sobre deficiencias del sistema de seguridad". La nave es custodiada entre semana de 7 a 15 horas por vigilantes de seguridad privada y el resto del tiempo, agentes de la Guardia Civil guardan la llave del almacén.

Las palabras de López Luna no fueron bien acogidas por el poder judicial. "No se pueden desplazar ahora las responsabilidades que puede haber de una Administración a la Judicatura", manifestó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, quien recordó que "la ley obliga a acordar la destrucción de la droga inmediatamente a su incautación", dejando muestras. "Mientras a mí no se me demuestre documentalmente que [la destrucción] está pendiente de autorización, pienso que está autorizada y está pendiente de hacerse", afirmó.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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