Recortes políticos, sinalagma imperfecto

Estamos en tiempos de recortes y los políticos no quieren presentarse ante sus potenciales electores armados de un hacha y una motosierra. Se puede eludir la crudeza de la palabra recorte envolviéndola bajo formas, menos incisivas. Hablemos de ajuste, austeridad, equilibrio contable o acudamos a la metáfora del adelgazamiento que incluso resulta saludable.

El campo donde aplicar los recortes es amplio y los políticos que manejan los instrumentos cortantes tienen ante sí el dilema de elegir y la obligación de explicar convincentemente los motivos de las amputaciones y, sobre todo, predicar con el ejemplo si no quieren desatar las críticas y el rechazo de los ciudadanos.

Los recortes parecen inevitables, pero las decisiones arrogantes, son perfectamente evitables. Nuestros políticos carecen de reflejos. En Cataluña anuncian la reducción de la paga de Navidad al sector sanitario, provocan la reacción de los afectados y al mes anuncian que ellos también se privan generosamente de ella. Haber comenzado por ahí. En Galicia se responde tarde al escándalo de los directivos de la caja que se fijan, quizá por derecho divino, sumas ingentes en indemnizaciones, seguros, rentas vitalicias y otras prebendas.

Es necesario reajustar el número de funcionarios, pero sin merma de las prestaciones básicas

Por fin, cuando el tema ya está en la calle, se plantean la posibilidad de hacer recortes en la sobredimensionada organización estructural del Estado. Las propuestas del PSOE y el PP me parecen improvisadas. En mi opinión se deben distinguir los recortes en las Administraciones públicas y la reorganización de las instituciones del Estado.

La Administración proporciona a los ciudadanos servicios de interés general, lo que obliga a reflexionar profundamente sobre cuáles podrían ser reducidos.

Los órganos representativos de la estructura institucional del Estado deben ser ajustados. La propuesta que, en este sentido, formula el Partido Popular no me parece acertada. El Congreso, según la Constitución debe estar compuesto por un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. La Ley Electoral los fijó en 350 y la cifra se ha mantenido. Si se suprimen 50 como se apunta por este partido, nuestro sistema electoral nos llevaría a un bipartidismo todavía más exclusivista. Desde mi punto de vista, una forma de corregir nuestro alarmante déficit de pluralismo, pasa por elevar el número de diputados a 400. Si a ello añadimos una reforma profunda de la Ley Electoral para buscar una verdadera proporcionalidad se atenuarían los efectos perversos del bipartidismo actual.

El Senado siempre fue un órgano controvertido. Desde sus inicios tuvo sus detractores y algunos proponen su eliminación. La mayoría coincide en que hay que convertirlo en Cámara de representación autonómica o territorial. En todo caso, creo que este debate debe seguir cauces distintos, sin descartar el estudio de su posible adelgazamiento.

La regla que preside la determinación del número de parlamentarios autonómicos se recoge en todos los estatutos. Su composición no obedece a segmentos de población sino a la búsqueda de la representación adecuada de los territorios. Siguiendo el esquema constitucional los estatutos marcan un mínimo y un máximo de parlamentarios. Me parece perfectamente compatible este propósito con la necesaria reducción de su número. La Rioja ofrece el ejemplo más llamativo. Con una población de 322.000 habitantes tiene 33 parlamentarios (mínimo 32 y máximo 40). ¿De verdad alguien quiere sostener, sin sonrojo, que la producción legislativa de la comunidad requiere tal número de parlamentarios?

La diferencia de extensión territorial entre las diversas comunidades autónomas es notoria, tanto en habitantes como en kilómetros cuadrados. Andalucía tiene la mayor extensión territorial y el más importante contingente de población. Hay comunidades de amplia superficie y escasa densidad de habitantes, como Castilla y León y Castilla-La Mancha. Coexisten con las uniprovinciales. Todas ellas, salvo Madrid, tienen una extensión más reducida y menos habitantes.

En estos momentos el número total de parlamentarios autonómicos es de 1.218. Como es lógico esta suma debe ser desglosada. Resulta necesario reducir el número pero sin caer en la simpleza de aplicar un porcentaje reductor igual para todas las autonomías. Es necesario examinar caso por caso para adaptarse a las necesidades reales, soportables por el erario público. En el escalón inmediato, las Diputaciones Provinciales necesitan un estudio detallado para encajar sus funciones en otros órganos ya existentes. Sin salirnos del ámbito autonómico la existencia de unos costosísimos Consejos Consultivos integrados por un número de altos cargos absolutamente innecesarios, dotados de unos gastos suntuarios injustificables, plantea la necesidad de suprimirlos.

Finalmente el número de concejales en un país con más de 8.000 Ayuntamientos necesita una revisión. Me preocupa que la decisión sea indiscriminada. Me opongo a la reducción de los concejales de los pueblos de menos de 1.000 habitantes. Los que ostentan el cargo no cobran nada y son un factor de integración del pueblo en los asuntos de su interés. En el resto habrá que buscar fórmulas adecuadas a sus necesidades.

Al final, la operación resulta económicamente rentable y políticamente ejemplarizante. Es posible que la suma alcanzada con los recortes no resulte significativa, pero me parece pedagógica e inaplazable. Y por favor, ¡dejad en paz al loro y su chocolate!

José Antonio Martín Pallín fue magistrado del Tribunal Supremo y es comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).