La campaña esquiva la Ley de Costas

Entre el aluvión habitual de promesas de los partidos en época electoral, la solución al problema de las viviendas de poblados tradicionales amenazados por la Ley de Costas de 1988 ha sido sepultada esta vez por las proclamas económicas sobre la crisis y el paro. Encarrilado el caso más emblemático de los núcleos de Marín, la cuestión ha desaparecido de los discursos de los candidatos, pero sigue pendiente de trámite en el Congreso una proposición del PP para cambiar la norma, salvaguardar los núcleos, legalizar de paso casas construidas posteriores a la ley y recortar la protección del dominio público. A esta se suma otra iniciativa inquietante, pendiente en el Senado y también del PP, que permitiría indemnizaciones compensatorias y la prórroga de las concesiones junto al mar. Esta última cuestión afecta de lleno a la permanencia de la pastera de Ence en la ría de Pontevedra, con fecha de cierre en 2018.

"No estamos por dar vía libre", avisa la nacionalista Fernández Davila

Aunque en el último decenio han proliferado asociaciones de afectados contra la ley en zonas costeras de Ribeira, Moaña o Vilaboa, paradigmático ha sido siempre el caso de Marín. Poblados marineros como Mogor o Aguete estaban en pie mucho antes de la ley del 88, pero el hecho no quedó acreditado durante la tramitación. Fuese por errores en los mapas o por descuido del Ayuntamiento, los núcleos fueron declarados como no urbanos y automáticamente la protección del dominio público se fijó en 100 metros, frente a los 20 que la ley prevé para circunstancias especiales. El conflicto está próximo a cerrarse, después de que Costas del Estado y el Ayuntamiento llegasen a un acuerdo este verano. El pacto deberá consagrarse en el plan de ordenación municipal. La alcaldesa, María Ramallo (PP), aseguró que el documento estará en 2012, tras una negociación impulsada por el difunto bipartito local.

A partir de ahí, la casuística diverge. En Vilaboa hay casas antiguas, pero también otras construidas en los noventa, con la ley en vigor. En Moaña, el deslinde, errático, permite que construcciones a pie de playa sean legales y otras más alejadas estén amenazadas. Muchas, a pesar de su ilegalidad, obtuvieron licencia municipal. A principios de año, el PP aprobó en el Parlamento autónomo llevar al Congreso una modificación de la Ley de Costas con espíritu de cajón de sastre que legaliza casi todo lo que cuente con un "acto administrativo público" favorable e incluso plantea excluir áreas del dominio público por decisión municipal. PSOE y BNG se opusieron frontalmente.

Entre tanto, las protestas han aumentado de intensidad en Vilaboa en los últimos meses. El pleno municipal acordó por unanimidad pedir a la Xunta que suspenda los derribos en marcha, pero el PP vetó en el Parlamento el mes pasado lo que apoyó a escala local, con el argumento de que no puede modificar decisiones judiciales. Los tres partidos plantean una solución como la de Marín, pero los vecinos no están convencidos. "Costas solo aceptará un acuerdo si demostramos que las zonas afectadas estaban edificadas en dos terceras partes, y en ningún núcleo del municipio se da eso", admite un miembro de la plataforma Salvemos Vilaboa. Así que esperan a que la previsible victoria electoral del PP empuje la tramitación de la ley en el Congreso. Román Rodríguez, portavoz de asuntos urbanísticos del PP, defenderá la propuesta en la Cámara baja, pero no pone plazos. "Una vez que llegue el nuevo Gobierno lo pondremos encima de la mesa. Somos una formación coherente", dice.

En el otro extremo está Ismael Rego (PSOE), que irá también a Madrid cuando toque, pero para rechazar de plano el cambio. "Si se abre ese melón, puede haber problemas serios. La Ley de Costas es un instrumento tremendamente útil para la protección del litoral. La disculpa del PP es proteger los núcleos pero el objetivo es implantar el diseño de Telmo Martín: Sanxenxo y Barreiros", aduce, e insiste en que la vía del plan general es válida para Vilaboa o ciertas zonas de A Guarda, con una interpretación flexible de la norma como está, sin cambios.

El BNG se expresa en términos similares. En 2009 los nacionalistas presentaron, también en el Congreso, una modificación en la línea de la que preveía la ley de vivienda del bipartito, de alcance mucho más restringido y recurrida a su vez por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. "No se debatió porque se acordó con el Gobierno dar prioridad a la cuestión de Marín", explica la cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Olaia Fernández Davila. "No estamos por dar vía libre. La propuesta del PP elimina limitaciones a la construcción y favorece la especulación urbanística".