Autos en víspera electoral

A la juez Mercedes Alaya le ha acompañado la polémica el último año durante la procelosa instrucción del caso de los ERE, pero su protagonismo se ha disparado en vísperas de las elecciones. Si ahora ha señalado la gestión del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, durante su etapa como consejero de Economía y le ha vinculado con el caso a solo tres días del cierre de la campaña electoral, en las pasadas elecciones municipales fue el turno del exteniente de alcalde de Sevilla y candidato a la alcaldía por Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos.

Las voces que acusan a Alaya de dictar resoluciones para favorecer al PP según el calendario político han sido intermitentes. La instructora citó a declarar como imputado a Rodrigo Torrijos y su resolución trascendió solo tres días de las elecciones municipales del pasado 22 de mayo. Asimismo, ese día los medios se hicieron eco de la posterior comparecencia en el juzgado Manuel Marchena, exgerente de Urbanismo por el PSOE, pese a que llevaba implicado oficialmente en el caso desde febrero de 2010.

Las críticas de Izquierda Unida en la capital a la juez arreciaron a través de un duro comunicado en el que pidió a su coordinador general, Cayo Lara, que solicitase al Consejo General del Poder Judicial, que "pare la intromisión de esta juez en el proceso electoral democrático sevillano". La coalición consideró la elección del momento para comunicar la imputación de Rodrigo Torrijos como una injerencia en las elecciones para desmotivar a sus votantes. "Es intolerable e inasumible que a un día de la jornada de reflexión se anuncie algo que será para el 8 de junio, presuntamente, sin más excusa que la de tratar de restar votos a Izquierda Unida". Además de Torrijos, la concejal y número dos de la candidatura por Sevilla, Josefa Medrano, se presentó imputada de prevaricación por prohibir un homenaje al escritor franquista Agustín de Foxá, un caso que también instruyó Alaya.

IU sostuvo que la juez estaba "sujeta a las directrices" del candidato a la alcaldía del PP, Juan Ignacio Zoido. Este fue juez decano de los juzgados de Sevilla durante su etapa como magistrado. El juzgado "ha vuelto a entrometerse en el más alto y soberano proceso que tiene el sistema democrático, cual es el momento electoral (...) la juez ha cruzado un Rubicón que demostraría su falta de neutralidad y sus aparentes dependencias a poderes ajenos a la justicia democrática", denunció el escrito de IU. Tanto Torrijos como Marchena se quejaron de estar sometidos a una "imputación mediática".

La polémica persigue a Alaya, que remitió al Colegio de Abogados de Sevilla los escritos de dos abogados, Simón Fernández y José María Calero, en los casos Betis y Mercasevilla, que instruye la juez, por si estimaba que podían constituir sendas faltas disciplinarias y para que depure responsabilidades.

Cuando la magistrada apartó a la policía del caso de los ERE y puso al frente de la investigación a la Guardia Civil, las críticas arreciaron desde el Cuerpo Nacional de Policía. "Son 30 meses de investigación con la unidad volcada. La juez sabrá por qué nos ha felicitado por nuestro trabajo y de la noche a la mañana nos volvemos malos. A lo mejor le interesa retrasar la investigación hasta las elecciones generales", censuró un mando policial que pidió el anonimato.