La onda expansiva de los ERE

El espaldarazo que los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) han dado esta semana a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, mediante dos sentencias que anulan las ayudas directas concedidas a un empresario, tendrá previsiblemente graves consecuencias para algunos de los principales acusados. El exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exdirector general Javier Guerrero podrían pagar un alto precio (con delitos castigados con pena de cárcel) por la gestión irregular de estas subvenciones directas a empresas otorgadas de manera discrecional, si se impone la tesis de la juez, ahora avalada por los magistrados de la sección primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Sevilla.

Los responsables podrían enfrentarse a 200 delitos de prevaricación

El Tribunal Superior anuló una ayuda dada "con el máximo grado de invalidez"

65 millones fueron concedidos sin publicidad ni control posterior

Según el TSJA, Guerrero entregó 1,2 millones sin que existiera expediente

Al margen de la inclusión de intrusos en los ERE (expedientes de regulación de empleo), las subvenciones a empresas otorgadas sin expedientes ni formularios (y a veces ni siquiera solicitudes) son una enorme patata caliente que va tomando forma a medida que la instrucción avanza. Fueron al menos 65 millones de euros concedidos sin publicidad ni control a posteriori. "La situación no era irregular, pero sí escasita de procedimiento", reconoció un exalto cargo de la Consejería de Empleo que pidió el anonimato. La frase denota la peculiar concepción que los mandos de Empleo tenían antaño sobre estas ayudas, pero todo apunta a que su autor erró y la situación era por completo ilegal.

Las consecuencias de las sentencias del TSJA son claras, vistos los antecedentes: los magistrados observan responsabilidades penales por parte de Javier Guerrero tras actuar "con total desprecio al Derecho y a los trámites exigidos legalmente" al otorgar 1,2 millones de euros al empresario y exconcejal José María Sayago sin que existiera expediente. Es decir, sin que el dinero fuera solicitado por la compañía beneficiada y sin ninguna instancia rellenada. El empresario llamó a la puerta de Guerrero y con una brevísima autorización y orden de pago (de una sola página) se le concedió el dinero público.

Fuentes del caso observan una "clara malversación" en la concesión de ayudas, delito que no ha concretado el TSJA al remitir testimonio de las actuaciones al decanato. A este delito podría sumarse prevaricación en ciertos casos donde el expediente no esté completo e incumpla la Ley General de Subvenciones. Y es que para recibir dinero público cualquier empresario debe presentar un expediente de unas 250 páginas repleto de instancias, modelos de solicitud y resoluciones motivadas de la Administración. Pero el gran quebradero de cabeza viene por el número de las ayudas.

Empleo concedió más de 200 ayudas directas a empresas. Y cada una de las subvenciones irregulares supondría un delito individual de prevaricación, ya que la jurisdicción señala que este último no admite el delito continuado. Es decir, si la investigación determinara ilegales las 200 ayudas, los responsables serán acusados de 200 delitos de prevaricación, por lo que la multa, ya que el delito no conlleva prisión, resultará astronómica.

Además, tanto Fernández como Guerrero afrontarían un delito continuado de malversación (penado con hasta ocho años de cárcel por especial gravedad). En situación similar podría encontrarse el exconsejero y líder del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera en caso de resultar imputado. Si los jueces también apreciaran tráfico de influencias en alguna de las 200 ayudas concedidas (entre ellas a dos exconcejales socialistas o a empresarios relacionados con antiguos altos cargos de Empleo), se enfrentarán a otros dos años más de prisión.

La juez Alaya ya remarcó en un auto la responsabilidad del exconsejero Fernández en la irregular gestión de las subvenciones, de ahí su imputación por malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Y Guerrero aclaró ante la policía que informaba de todas sus decisiones a los exconsejeros Fernández y Viera en los consejos de dirección mensuales que celebraba la Consejería de Empleo.

"Se ha vulnerado flagrantemente el procedimiento. Podría ser un delito de prevaricación administrativa sin necesidad de demostrar nepotismo o tráfico de influencias. Incluso aunque el fin haya sido lícito. Y esto ha sido confirmado por la máxima instancia con competencia técnica en Andalucía, lo Contencioso-Administrativo del TSJA. Supone un salto de calidad, tanto en el número de imputados como en la pena que le caiga a cada uno", explican fuentes del caso.

Pero el alto número de delitos que implican estas ayudas supondría también la multiplicación de los imputados en la causa. El delito de malversación de caudales públicos atañe al funcionario que concede el dinero pero también al que lo recibe, de ahí que el número de imputados (actualmente 25) pueda superar los 200 entre intrusos y empresarios beneficiados ilegalmente. A pesar de que el TSJA no pide que declare como imputado Sayago junto a Guerrero, la fiscalía anticorrupción ya apoyó esta tesis hace dos semanas en un escrito: "Perjuicio del que deberán responder no solo los funcionarios que han permitido o favorecido que se abonen, sino también los administradores de las entidades perceptoras".

Sayago reclamó en los tribunales el impago de 1,2 millones de euros para sus empresas Tierra Virgen Alimentación y Marco de Estudio y Proyección Siglo XXI. "Ni siquiera existe solicitud de otorgamiento por parte de la actora", destaca el tribunal en su sentencia, que da la razón a la Junta después de negarse esta a pagar el dinero ante la falta de expediente. Al día siguiente de conocerse la sentencia del TSJA, otro empresario que tenía abierto un contencioso-administrativo contra la Junta por un impago de 300.000 euros desistió en su reclamación y el caso se ha archivado. Existe un tercer ejemplo en el que la entidad BBVA reclama a la Junta 200.000 euros que concedió y no pagó a una empresa, a la que el banco había otorgado un crédito por dicho importe ante la seguridad que ofrecía el Gobierno andaluz. Fuentes del BBVA confirmaron que este proseguirá con su reclamación pese a la sentencia precedente.

Mientras, el TSJA ha remarcado la gravedad de que las ayudas son nulas de pleno derecho con "el grado máximo de invalidez", y esto podría suponer la devolución del dinero defraudado a las arcas públicas. En última instancia será el Tribunal de Cuentas quien finalmente determine la responsabilidad civil del procedimiento y podrá exigir el pago de las subvenciones a los altos cargos de Empleo condenados, o en su caso derivar el reintegro a los empresarios que las cobraron.