Un acuerdo masivo con el fiscal aligera el macrojuicio del 'caso Nilo'

Con 168 procesados de 14 nacionalidades en la sala, el macrojuicio del caso Nilo -la estafa con las llamadas cartas nigerianas destapada en Málaga en julio de 2005- se perfilaba como una pesadilla jurídico-logística con final, en el mejor de los casos, en mayo de 2012. Sin embargo, para alivio de fiscal, jueces y abogados de oficio, el embrollo no será tal. La vista oral ha quedado reducida a solo 16 procesados después de que la inmensa mayoría de ellos se haya mostrado conforme con la nueva calificación de los hechos redactada por el fiscal y que les evitará ingresar en prisión.

El juicio investiga la trama masiva de envío de cartas desde Málaga a países de todo el mundo en la que se anuncia al destinatario que ha sido agraciado con un premio de la lotería española y se le solicita una cantidad económica para gestionar el pago. Las cartas llevaban el sello oficial falsificado del Consejo General del Notariado e iban acompañada de una nota, también falsa, de una aseguradora, que iba a ser la encargada de tramitar el premio. Los timadores enviaban millones de cartas al año y la ley de probabilidades hacía el resto: las 247 víctimas de la estafa -de Bélgica a Australia, de Estados Unidos a los Emiratos Árabes- pagaron a la red un total de 2,98 millones de euros a través de empresas de transferencia de dinero en locutorios de la Costa del Sol.

Los estafadores no tendrán que entrar en prisión si no tienen antecedentes

La red se desmanteló -luego vinieron otras- el 18 de julio de 2005. Agentes del grupo de Fraudes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en distintas zonas de Málaga a 314 personas, la mayoría de nacionalidad nigeriana, pero también de Ghana, Liberia, Sudán o Camerún. La espectacular operación policial provocó el colapso durante varios días de la prisión provincial de Alhaurín de la Torre, cuyos responsables no fueron informados de la avalancha de nuevos internos que iban a tener que atender.

Durante la instrucción, 84 de estos imputados fueron repatriados a Nigeria por residir irregularmente en España. La investigación dejó el número final de procesados en 168. Sin embargo, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga sólo ha conseguido notificar y citar a 113 para el inicio del juicio. De ellos, nueve no comparecieron, por lo que el fiscal ha pedido que sean puestos en busca y captura y otro no fue trasladado al juicio desde prisión.

Ayer, en la abarrotada sala principal de la Ciudad de la Justicia, 87 procesados se mostraron de acuerdo con la pena que pide para cada uno de ellos el fiscal: 23 meses y 15 días de cárcel y multa de 1.800 euros por delitos continuados de estafa y falsedad documental. Uno por uno, los acusados y sus abogados dieron su conformidad a una condena que no implica ingreso en prisión si no se tiene antecedentes penales. Para lograr el acuerdo, el fiscal ha retirado en todos los casos el cargo de asociación ilícita, que acarreaba una petición de pena de siete años y medio de prisión.

Los conformados no tendrán que asistir a las jornadas del juicio, que con seguridad verá reducida su extensión. La vista de ayer, que muchos dudaban que llegara siquiera a celebrarse un día por el número de acusados y la dificultad de localizarlos, se desarrolló sin apenas incidencias: tres de los procesados no contaban con abogado. En los casos en que pretendían acogerse al pacto de conformidad, el presidente del tribunal, Enrique Peralta, les asignó un letrado de oficio sobre la marcha.