20-N para el dopaje

En un lado de la sala, Manolo Saiz, quien aún está a la espera de juicio por la Operación Puerto, por la que fue detenido en 2006. Al otro, el capitán de la Guardia Civil que organizó entonces, en mayo de hace cinco años, la mayor actuación contra el dopaje. Entre ambos, juristas, científicos y expertos nacionales e internacionales en la lucha contra el uso de sustancias prohibidas y en justicia deportiva. Así, más o menos, presentó en sociedad el Consejo Superior de Deportes (CSD) el proyecto de ley que reformará la que penalizaba el dopaje, aprobada por el Parlamento español en noviembre de 2006 y que se había quedado desfasada respecto al Código Mundial Antidopaje en 2007 y que entró en vigor en 2009.

"El día 20 es una fecha importante no solo por las elecciones generales. Ese día la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) elaborará la lista de países que cumplen con su Código", dijo Matilde García-Duarte, la directora general del CSD; "el que no haya armonizado sus normas no podrá, por ejemplo, organizar en su territorio eventos internacionales. España debe estar, claro, y estas modificaciones, consensuadas con la AMA, deben ser el guiño necesario para estar en la lista".

Será el Parlamento salido del 20-N el que apruebe la modificación legal, pero, dado el apoyo del PP a la ley antidopaje, en el CSD no dudan de que se apruebe aunque el PSOE pierda las elecciones.

Aparte de armonizarse con el Código Mundial en asuntos como el de la franja horaria en que se pueden hacer controles fuera de competición -definitivamente, desde las 6.00 hasta las 23.00-, la nueva ley, elaborada por el abogado Tomás González Cueto, intentará solucionar una de las incongruencias sancionadoras más visibles, al menos en España: la imposibilidad de que mientras no se cierre un procedimiento penal las pruebas halladas por la policía en la investigación puedan ser usadas por las federaciones y el CSD para sancionar administrativamente a los deportistas implicados en el caso.

Eso ocurrió en la Operación Puerto, en la Grial y en la Galgo. Eso impidió que fueran sancionados por España algunos deportistas como el ciclista Alejandro Valverde, castigado posteriormente en un proceso iniciado en Italia. Y eso, prometen los datos, no volverá a suceder. "La ley prevé que incluso de oficio el juez pueda remitir toda la documentación pertinente a los órganos federativos", matizó García-Duarte.

Otra de las modificaciones servirá para dar contenido a laAgencia Estatal Antidopaje (AEA), un órgano creado prácticamente sin competencias y que se responsabilizará a partir de ahora de la planificación de los controles fuera de competición y de obligar a las federaciones a realizarlos en las competiciones. La sanción seguirá dependiendo de las respectivas federaciones nacionales, pero un retraso en cerrar un expediente superior a dos meses podrá significar que sea la AEA la que se haga cargo. Finalmente, y después de lograr la aprobación de la Agencia de Protección de Datos, que hasta ahora vetaba la publicidad de las sanciones, una "amonestación pública" que hará obligatoria su publicidad formará parte de todas las sanciones.