Cabré presupuesta un 0,9% más para atender la Ley de la Dependencia
La Generalitat destinará 141,42 millones de euros en 2012 a la aplicación y desarrollo en la Comunidad Valenciana de la Ley de Dependencia, una cifra que representa un 0,9% más que en 2011.
Así lo anunció el consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, en su comparecencia de ayer en las Cortes Valencianas para explicar los presupuestos de su departamento para 2012, que ascienden a 997,94 millones de euros y crecen un 0,1%. Los grupos de la oposición criticaron los presupuestos por considerarlos "opacos" y porque destinan grandes cantidades de dinero a empresas privadas y son "insolidarios" con "las familias más desfavorecidas y los inmigrantes".
Por su parte, Cabré señaló que son presupuestos "realistas", "austeros" y que mantienen el Estado de bienestar, y destacó que el Gobierno de la Generalitat los incrementa para "reforzar y ampliar las políticas de atención a los más necesitados".
El consejero explicó que Justicia es la parcela que experimenta el mayor incremento presupuestario. La secretaría autonómica de Justicia contará con 354,41 millones de euros, un 5,51% más que el pasado año y la Dirección General de Justicia con 255,80 millones, un 8% más. En cambio, la secretaría autonómica de Familia y Solidaridad tendrá 39,99 millones de euros, un 35,47% menos que el ejercicio anterior. También se reduce un 44,97% el presupuesto de la dirección general que gestiona los programas de Cooperación Internacional al Desarrollo y de Integración de la Inmigración.
Para las políticas de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, las personas con discapacidad, la acción social y los mayores, Bienestar Social cuenta con 567,16 millones de euros, un 2% más que en el ejercicio anterior.
Mientras, las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia presentaron ayer un decálogo de medidas destinado a impulsar la aplicación de la norma, especialmente retrasada en la Comunidad Valenciana. Entre las medidas planteadas, solicitan que la Administración cumpla la obligatoriedad de resolver las ayudas en seis meses, eliminar los retrasos que afectan a las personas con la ayuda reconocida pero que no la cobran o un compromiso de pago de las prestaciones en los cinco primeros días de mes.
