Una parroquia entera en el banquillo

Solo tres de los 33 acusados por acosar a una vecina de Chandebrito, parroquia de Nigrán, han aceptado responder al fiscal y al abogado de la acusación en el juicio oral que se desarrolla en Vigo, sección 5ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Otros dos imputados ya fallecieron desde que ocurrieron los hechos que se juzgan, en 2001, y en los que confluyen, además de faltas de amenazas y de daños en algunos casos, delitos contra el orden público, coacciones y atentado que el fiscal imputa a todos ellos y por los que pide penas para algunos que suman hasta 10 años de cárcel.

Los hechos se remontan a hace una década. La familia formada por Leandro Freire, su mujer, Josefa Gallego, y sus dos hijas, que a la sazón tenían cinco y tres años de edad, ocuparon en Chandebrito, parroquia de los montes de Nigrán, colindante con Vigo, de unas 125 casas y 550 habitantes, la vivienda que habían comprado y que cerraron con un muro en el linde con un camino de servidumbre. Los usuarios de este camino -la familia de Manuel Fernández Rial, O Conde-, emparentados con los anteriores propietarios de la casa y, según Josefa Gallego, desairados por su venta, denunciaron al Ayuntamiento que la servidumbre debía tener cuatro metros de ancho -la obra la había dejado con 3,25 metros- e impusieron la demolición parcial del muro y otra, por exceso de edificabilidad, en la vivienda rehabilitada.

Un centenar de vecinos llegó a rodear de noche la casa de la familia

Gallego respondió presentando en el ayuntamiento un fajo de fotografías que ilustraban las ilegalidades de otras 22 casas de la parroquia. Al conocerse los afectados, en febrero de 2001, empezaron las hostilidades contra la familia, "al principio pequeñas cosas, gamberradas", declaró la mujer en la vista oral. Pero los hostigamientos fueron haciéndose más violentos con el paso de las semanas: pedradas que rompieron cristales, petardazos, cócteles molotov que no llegaron a estallar, bolsas con pintura, con una presencia frecuente ante la casa de grupos de vecinos, de día y de noche, que mantenían a la familia en vilo. Temían que en cualquier momento se produjera un asalto a la vivienda. "Mis hijas dormían con un cuchillo bajo la almohada", declaró Gallego.

El punto culminante de ese acoso se produjo en la madrugada del 1 de julio de 2001. Leandro Freire sorprendió a un joven, de nombre Berto, al que atribuyen el lanzamiento de algún petardo contra la casa. Berto lo niega. Ayer declaró que pasaba por allí para ir con su hermano en moto a unas fiestas. Leandro y Josefa le forzaron a entrar en la casa para que les dijera quién había roto los cristales y le había mandado tirar los petardos. "Yo decía que no sabía, y cada vez me daban puñetazos", explicó ayer. "Si antes [en las diligencias previas] dije que tiré los petardos por orden del Conde fue sin querer", añadió. El Conde, según su propio relato, al oir sus gritos, por los puñetazos que le daban, avisó por teléfono y en un momento se presentaron ante la casa un centenar de vecinos o más. "La gente quería entrar a por ellos", había declarado previamente otro de los acusados.

En ese clima de alteración, la familia acosada tuvo que ser rescatada por la Guardia Civil, avisada por Leandro, y Berto, trasladado en ambulancia al hospital a Vigo. "La situación se hizo imposible de controlar", relata el fiscal en su acusación, "intensificando los acusados sus intentos de asaltar la casa, así como los insultos y amenazas, viéndose obligados los dos agentes a pedir refuerzos". Llegaron cuatro guardias más, "los cuales siguieron requiriendo a los acusados para que depusieran su actitud, haciendo estos caso omiso de dichas órdenes y menospreciando claramente su autoridad". Para sacar a la familia de su vivienda hicieron un pasillo hasta el coche oficial, y n ese momento arrecianron "las amenazas y agresiones, empujando los acusados a los agentes y golpeándoles mientras custodiaban a la familia, sin causarles lesiones".

Los hostigamientos continuaron en días sucesivos, con concentraciones, pancartas, pasquines y pintadas contra ellos y otra familia de la parroquia de Chandebrito, la única que se solidarizó con su causa, según declaró Gallego. Las imputaciones del fiscal llegan hasta el 18 de agosto de 2002, aunque "el infierno" que sufrió la familia acosada, dijo Gallego en la vista, dura hasta hoy. Y hoy continuará la vista oral con la declaración de los guardias civiles.