Fadesa rechaza el intento de legalizar su macrourbanización de Miño

El Ayuntamiento de Miño (A Coruña), gobernado por mayoría absoluta por el PP, sufrió ayer un nuevo revés en su enésima tentativa para intentar legalizar una de las mayores promociones urbanísticas de Galicia. Martinsa-Fadesa rechaza volver a firmar, como pretendía el gobierno local que preside Juan Maceiras, un nuevo contrato de adjudicación de la macrourbanización Costa Miño Golf, en sustitución del que fue anulado por los tribunales hace casi una década. Y la inmobiliaria mantiene su reclamación de 70 millones de euros de indemnización para liquidar su contrato. Una petición que podría abocar a la quiebra económica a esta localidad de apenas 5.000 habitantes y menos de seis millones de euros de presupuesto anual.

La empresa exige 70 millones para liquidar el contrato, declarado ilegal

En un intento de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ratificada por el Supremo, que anula, por haberse hecho de forma indebida, tanto esa adjudicación como las expropiaciones de los solares ahora ocupados por 1.287 viviendas y un campo de golf, el gobierno local decidió en septiembre pasado aprobar un nuevo pliego de condiciones y un nuevo contrato a la inmobiliaria, la única que en su día optó a la construcción de esta promoción de chalés. Pero Martinsa-Fadesa recurrió ante el Ayuntamiento ese nuevo contrato, y podría a la vez acudir a los tribunales después de que ayer el pleno municipal rechazase su recurso.

En contra de lo que aseguraba hace dos meses el alcalde de Miño, la promotora no parece en absoluto dispuesta a terminar esta urbanización. Maceiras pretendía, al aprobar un nuevo pliego de condiciones y un nuevo contrato de adjudicación, no solo ejecutar la sentencia judicial sino evitar que sean las arcas municipales las que asuman en solitario las indemnizaciones millonarias -unos 30 millones de euros- que los tribunales reconocieron a los afectados por las expropiaciones de los terrenos.

Pero la inmobiliaria, que acaba de salir de un concurso de acreedores, rechaza firmar un nuevo contrato que le obligaría a asumir la deuda con los expropiados. Estos, tras una larga batalla judicial, lograron que los jueces elevasen de 6,3 a 25,9 euros el precio por cada metro cuadrado de sus solares donde hoy se erige esta promoción de chalés.

Los seis concejales del PSOE, único grupo de la oposición local, reiteraron ayer sus protestas por los intentos del alcalde, Juan Maceiras, de "burlar a la justicia" y exigieron la destitución de los asesores urbanístico y jurídico del Ayuntamiento por este "lío legal tan enmarañado" que podría acarrear "gravísimas consecuencias y reventar" las arcas del municipio coruñés.