La Comisión de la Energía amenaza con dar la puntilla al plan eólico

El sector exige al Gobierno central que retire la propuesta de las nuevas primas

La batalla por la nueva regulación de las primas eólicas que mantienen vivo al sector se ha convertido en una carrera contra el 20-N. El Gobierno trabaja a marchas forzadas para sacar adelante su polémico Real Decreto y la patronal amenaza con una cadena de consecuencias catastróficas si finalmente se aprueba. Solo Iberdrola, con condiciones, ve la propuesta del ministro Miguel Sebastián con buenos ojos. En medio está Galicia, con un concurso resuelto que, no sin polémica, otorgó 2.325 megavatios en diciembre de 2010 y que será papel mojado si triunfan las nuevas reglas, lo que de rebote echará por tierra uno de los mayores planes de la Consellería de Economía e Industria.

A dos semanas de las elecciones, el único trámite que le queda al decreto que recortará hasta en un 40% las subvenciones a esta energía es el visto bueno del Consejo de Ministros. La Comisión Nacional de Energía (CNE), un organismo dirigido por expertos cuyos miembros son nombrados por el Ministerio de Economía, ya ha dado su bendición al proyecto obviando las alegaciones que le había remitido la Xunta.

El borrador solo depende del visto bueno del Consejo de Ministros

El informe completo se dio a conocer el viernes pasado. "La CNE comparte los tres objetivos de la propuesta de Real Decreto: el desarrollo ordenado de la tecnología eólica, evitando la existencia de carreras, la disminución del apoyo económico a un sector ya maduro, y favorecer la financiación de los nuevos proyectos que permitan alcanzar los objetivos de 2020".

En el informe, la comisión apoya dos de las medidas que más escuecen en la patronal del viento gallega. El mecanismo de evolución anual de las primas "de forma inversa a la evolución de los megavatios instalados", que para la CNE contribuye a la autorregulación; y la limitación del pago de primas a los primeros 12 años de vida de cada instalación con un límite anual de 1.500 horas. En la comunidad autónoma el rendimiento medio de un parque está, según la asociación del sector, en 2.830 horas, lo que pulveriza los planes de negocio del concurso de la Xunta. Un cálculo teórico realizado por industria apunta a que un parque tipo de 30 megavatios que ahora ingresa 1,6 millones en primas cada año perderá el 77% de esa asignación en 2013.

La radiografía que la CNE hace del borrador tiene algún pero. "Si bien la prima se considera suficiente en el escenario considerado, no resulta previsible". En otras palabras, como alertaban los empresarios, el borrador pone en jaque los cálculos de rentabilidad que se realizan para conseguir la financiación bancaria.

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La CNE también propone mantener el principio vigente sobre la revisión de la regulación cada cuatro años, lo que significa que en 2015 se debería producir la próxima, que entraría en vigor en enero de 2017.

El borrador del decreto abre la puerta a que los operadores se salten la regulación autonómica en parques de más de 50 megavatios y accedan a las primas del régimen ordinario. Teniendo en cuenta que cada megavatio instalado en Galicia cuesta alrededor de un millón de euros, esta vía sólo la podrán desarrollar las grandes empresas. Con el simple hecho de solicitarlo ante el Ministerio de Industria y sin someterse a concurso público, los operadores podrán llevar adelante sus proyectos tras inscribirse como productores.

La Asociación Eólica Española (AEE) exige un "esfuerzo", al Gobierno para que retire la propuesta. "Aboca al sector a la parálisis, la destrucción de una gran parte de su tejido industrial y la pérdida de más de 15.000 empleos, la mitad de los puestos de trabajo del sector", aseguran. El ministro se había comprometido esa misma semana a no aprobar el borrador sin un amplio consenso con los agentes implicados. "No sabemos qué va a hacer, en Galicia ya hemos perdido demasiado tiempo", asegura un empresario del sector. Fuentes de la patronal confían en que la campaña contra el decreto dé sus frutos. "No sería lógico aprobarlo en el tiempo de descuento".

La Xunta insiste en que el reparto de parques cumple "estrictamente" los plazos

Defendido a capa y espada por el conselleiro de Industria, Javier Guerra, y su director general Ángel Bernardo Tahoces, el concurso eólico gallego, resuelto en diciembre de 2010, está prácticamente en el aire aunque los responsables de la Xunta insistan en que se cumplen "estrictamente" los plazos.

Casi un año después, el único plan industrial aparejado a la concesión de megavatios del que ha podido presumir Industria es el de Jealsa, que ha inaugurado una planta de producción de comida para mascotas a partir de subproductos del sector conservero. Invirtió 8,5 millones y generó 36 empleos. Según cálculos "muy conservadores", Guerra estimaba que el reparto del viento iba a suponer la creación de 13.266 puestos de trabajo gracias a una inversión global de 5.953 millones de euros, algo que a todas luces queda fuera del alcande de las empresas.

La indefinición inicial del Gobierno central en cuanto a las nuevas primas y su intención actual de reducirlas -y de limitar el poder de las comunidades autónomas- solo ha añadido más dificultades a un reparto del viento que Galicia realizó tras una gran polémica.

La comisión de valoración que otorgó los megavatios ordenó enmendar el 89% de las propuestas. Aun así, valoró planes industriales pese a reconocer que tenían fuertes lagunas por falta de información o errores. Admitió la inversión de 287 millones de Estela Eólica, la tercera emprersa más beneficiada, para construir una planta de tratamiento de basuras que necesita integrarse en el Plan de Residuos de Galicia. La comisión dio por bueno que el plan industrial de Estela Eólica crearía 498 empleos con un gasto de personal para la empresa de 2.649 euros anuales por persona.

Fenosa Wind, en alianza con Copasa, recibió la mayor asignación de megavatios, 339, entre otras cosas por un proyecto de reconversión de un edificio en Os Peares para crear un pueblo "inglés" para turistas y estudiantes. Se valoró la creación de 131 empleos, pero las cuentas revelan un gasto anual en cada nómina de 6.106 euros.

Sobre la firma

María Fernández

Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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