La fiscal pide retirar el pasaporte al exgerente de Emarsa

La fiscal que investiga el saqueo de la sociedad pública de depuración del agua de Valencia, Emarsa, solicitó ayer al juez que retire el pasaporte y obligue a comparecer semanalmente a cuatro de los imputados en el caso. El juez respondió de inmediato convocando para mañana la vista en la que se dirimirá si se adoptan las medidas cautelares, que técnicamente supone dejar a los cuatro en situación de libertad provisional.

Se trata de Esteban Cuesta, exgerente de la sociedad y dirigente del PP en la ciudad de Valencia. Enrique Arnal, director financiero de Emarsa y exconcejal de Unión Valenciana en Moncada. Sebastián García, que dentro de la aparente anarquía que reinó en la empresa pública era al mismo tiempo jefe de informática y proveedor de material informático de la entidad. Y José Luis Sena Gimeno, administrador de Notec, una de las firmas que supuestamente facturó falsos servicios a Emarsa y que, según el exgerente, le fue impuesta por una empresa pública de la Generalitat con la orden, además, de pagarle precios muy superiores a los del mercado.

Ocho años de cárcel

La fiscal advierte en su escrito que el delito imputado a los directivos de Emarsa, malversación de caudales públicos, puede castigarse con hasta ocho años de prisión. Y que a ellos podrían sumarse las penas correspondientes por estafa continuada y delitos societarios. Desde que se iniciaron las pesquisas, señala el ministerio público, "hemos visto cómo los indicios de participación en los hechos investigados se van haciendo más fuertes, lo que incrementa las posibilidades de reproche penal y con ello, de forma correlativa, se ve incrementado el riesgo de sustracción a la justicia".

El otro gran elemento que lleva a la fiscal a solicitar las medidas cautelares son los continuos viajes que los directivos hacían al extranjero, especialmente a Rumanía. Emarsa también financió numerosos viajes a la capital del país, Bucarest, a misteriosas personas (la mayoría mujeres) con nombres y apellidos rumanos. Cuesta declaró al juez que los viajes a Bucarest se debían a que Emarsa planeaba participar allí en la puesta en marcha de una depuradora. Una explicación que la fiscal considera "inverosímil", como muchas otras cosas en la sociedad.