Congreso grande o pequeño

La Constitución establece un tamaño del Congreso que oscila entre un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. Desde las primeras elecciones de 1977, ese número ha quedado fijado en 350. ¿Son muchos o pocos para representar a los ciudadanos españoles? Los dos principales partidos han ofrecido respuestas contradictorias y cambiantes. Con intensidades distintas predican ahora su reforma, pero hasta hace bien poco la han impedido sistemáticamente. En esta misma legislatura, una comisión del Congreso ha considerado la posibilidad de reformar algunos de los elementos del sistema electoral contenidos en la LOREG, la ley orgánica que los regula. Pero hace menos de un año el PSOE y el PP vetaron todas las propuestas para modificarlos. Ni el tamaño del Congreso, ni la fórmula electoral, ni la magnitud de las circunscripciones, ni las asignaciones de escaños mínimos por provincia fueron modificados: la continuidad de la LOREG fue aprobada por el 97% del Congreso.

Ahora, al filo de la campaña electoral, tanto el PSOE como el PP han realizado nuevas propuestas. Alfredo Pérez Rubalcaba se ha inclinado en el programa electoral de su partido por un sistema que se acerque al alemán y en todo caso por el desbloqueo de las listas electorales al Congreso. De forma más sorprendente, Mariano Rajoy abogaba en la Convención Nacional del PP, celebrada en Málaga hace unas semanas, por reducir en 50 escaños el tamaño del Congreso; a los pocos días, el portavoz del PP, Esteban González Pons, la justificaba porque "sobran políticos". Pero en el programa electoral del partido nada se dice sobre esta ocurrencia. Solo se afirma que "fortaleceremos el vínculo que une a representantes con representados", un objetivo retórico que podría justificarse mediante esa reducción o alcanzarse por muchas otras medidas. (La única otra referencia en el programa conservador a la reforma del sistema electoral se propone cambiar el municipal para "respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos", otra declaración vacía cuya intención oculta quizá sea la de impedir las coaliciones gubernamentales por partidos distintos del PP.)

En ambos casos, estas propuestas se deben naturalmente a la influencia del movimiento de los indignados del 15-M. Pero parecen moverse en direcciones opuestas. La iniciativa del PSOE responde a las peticiones para incrementar la representatividad del Congreso, lo que en cualquiera de las posibilidades exigiría ampliar su tamaño; y la propuesta del PP, de concretarse en esa línea, estaría buscando aumentar todavía más la desproporcionalidad de nuestro sistema electoral.

¿Importan estos cambios? A la hora de diseñar (o reformar) el sistema electoral de un país, los políticos se enfrentan a la disyuntiva fundamental de contener la fragmentación partidista y procurar por lo tanto una cierta estabilidad gubernamental (como en el Reino Unido), o mejorar la representación parlamentaria de los distintos intereses presentes en la sociedad a cambio de aumentar el número de partidos y contar con gobiernos de coalición (como en Holanda). Diseñado tras la muerte de Franco por algunos notables de la UCD, el sistema electoral español ha conseguido un éxito indudable en materia de gobiernos estables, que están entre los más duraderos de las democracias existentes. En contrapartida, la combinación de circunscripciones de magnitud baja, de la fórmula D'Hondt y de la desviación en el prorrateo han supuesto la aparición de niveles elevados de desproporcionalidad en la atribución de escaños, con la consiguiente infrarrepresentación de los partidos minoritarios de ámbito nacional.

De llevarse a cabo, la propuesta del PP podría reducir aún más la representatividad del Congreso a costa de aumentar la sobrerrepresentación del partido ganador. La idea de recortar el número de escaños, y propiciar así una hipotética mayor conexión de los electores con sus diputados, viene inspirada por una concepción de la política que cree de justicia limitar el pluralismo si con ello se ahorran unos miles de euros al bolsillo del contribuyente. En tiempos de crisis, esta propuesta parece además sintonizar un tanto demagógicamente con las opiniones de unos ciudadanos azotados por el paro y la recesión económica. Pero no deja de causar estupefacción que esta idea surja precisamente en la legislatura en que con mayor fuerza se han hecho sentir las voces que reclamaban un sistema electoral más proporcional. Es cuando menos dudoso que, incluso en el nivel de las meras propuestas, sea ésa la reforma que necesita un país con diez millones de habitantes más y quizás la misma pluralidad de opiniones que hace tres décadas.

José Ramón Montero, catedrático de Ciencia Política en la UAM, y Pedro Riera, investigador en el EUI, Florencia, son autores de un informe al Consejo de Estado sobre la reforma de la LOREG.