La Fiscalía de Perú reabre el caso de las esterilizaciones bajo Fujimori

Durante la segunda mitad de la década de los noventa se realizaron en Perú unas 300.000 esterilizaciones como parte de un programa gubernamental que recibió financiación de la cooperación internacional. El pasado 21 de octubre la Fiscalía peruana reabrió la investigación sobre estos hechos, según informó hace días el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia de una supuesta política de esterilizaciones forzosas durante el Gobierno de Alberto Fujimori fue utilizada durante la pasada campaña electoral por Ollanta Humala contra su adversaria, Keiko Fujimori, hija del expresidente.

A diferencia de anteriores procesos que terminaron archivados, en esta ocasión el presunto crimen se tratará como un delito de lesa humanidad. En concreto, la investigación en curso se centra en el caso de María Mamérita Mestanza Chávez, una campesina de 33 años, madre de siete hijos, que en 1998 murió tras ser sometida a una operación de ligadura de trompas en el distrito de la Encañada, una zona rural del Departamento de Cajamarca (norte).

En varias regiones se ofrecía comida a las mujeres para que se ligaran las trompas

Las ONG creen que hubo una política del Gobierno y no hechos aislados

Según testimonios recogidos posteriormente, funcionarios de salud estatales presionaron y llegaron a amenazar con multas y prisión a la familia de la mujer para que se sometiera a la esterilización. La denuncia fue inicialmente desestimada por los tribunales y llegó a la CIDH. El Estado finalmente llegó a un arreglo para indemnizar a los familiares y procesar a los responsables.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Perú aseguran que hay miles de casos como el de María Mamérita Mestanza y se han dedicado a buscar nuevas evidencias de que se trató de una política gubernamental y no de delitos aislados. De acuerdo con el Movimiento Amplio de Mujeres, solamente en la provincia de Anta, en la región de Cuzco, se habrían realizado unas 2.000 esterilizaciones forzadas, incluso con participación de militares y policías. En varias regiones se ofrecían alimentos a cambio de someterse a las esterilizaciones.

El fujimorismo niega los hechos y asegura que las denuncias de coacción fueron apenas 200 o 300. "Definitivamente, esto es una situación política, una cortina de humo para tapar gravísimos casos de corrupción que se han presentado en este Gobierno", señala Alejandro Aguinaga, parlamentario fujimorista, que fue ministro de Salud en la época.

"Hubo fallas, pero se hicieron los correctivos necesarios. No fue un programa de esterilizaciones forzadas", afirma Aguinaga, quien asegura que el tema ya fue investigado durante 10 años sin que se encontrara responsabilidad en altos funcionarios del Gobierno. También afirma que en 2002 la Defensoría del Pueblo concluyó que no había evidencias para afirmar que el expresidente Fujimori y sus ministros tuvieran responsabilidad penal.