Un decreto impone el microchip a los caballos salvajes

La Consellería de Medio Rural mantiene su intención de que los caballos salvajes sean identificados mediante un microchip. El departamento autonómico ya había advertido a las asociaciones de propietarios durante la pasada primavera de que tendrían que aplicar este dispositivo. Sin embargo, la cercanía de las elecciones municipales le hizo dar un paso atrás y conceder una tregua. Ahora los comicios generales no son óbice para plasmar en un nuevo decreto la obligatoriedad de este sistema, en el que los propietarios ven una amenaza para la supervivencia de los mostrencos, dado que su coste -entre 30 y 40 euros-hace insostenible el mantenimiento de unos animales que no generan ningún beneficio económico.

En abril, Medio Rural pretendía hacer efectiva la normativa vigente y obligar a implantar el microchip. Tras unos meses de espera, ha optado por elaborar un nuevo decreto en el que se fija el reglamento relativo al registro de los équidos. La Asociación de Propietarios de Cabalos dos Montes da Groba, que el 12 de octubre organizó en Baiona una concurrida manifestación contra el dispositivo, considera que este no mejora en nada el sistema de marcas tradicional, si está bien gestionado, mediante un registro en el que figure cada caballo y su propietario. Han avanzado que presentarán alegaciones al borrador en fase de exposición pública- y solicitarán una reunión con Medio Rural.

En el texto también se marcan una serie de complejos trámites burocráticos para que los caballos puedan asentarse en montes en mano común. Las asociaciones de montes tendrán que dar su visto bueno al pastoreo, lo que, a juicio de SOS Groba -plataforma que aglutina a grupos ecologistas y culturales- busca enfrentarlas con los propietarios de los équidos. Además, dado que los animales están en libertad, es imposible controlar que no pasen a un terreno que les está vetado, en el caso de que una asociación de montes dé su visto bueno y otra que se asiente en una zona contigua lo rechace.

Según Xilberte Manso, de SOS Groba, la intención última de la Xunta es eliminar a los caballos salvajes y, en consecuencia, la fiesta de los curros, para poder imponer con mayor facilidad "sus intereses" en los montes. En este sentido, acusa al Ejecutivo de "no escuchar" a las asociaciones organizadas y de despejar el camino para la explotación privada del monte.