La juez extiende las pesquisas del caso de los ERE a otras consejerías

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha extendido su investigación a otras consejerías de la Junta de Andalucía por la concesión de ayudas directas a empresas. Hasta ahora la magistrada ha centrado sus pesquisas en la Consejería de Empleo, que desde 2001 destinó un fondo de 647 millones para empresas en crisis. Sin embargo, ayer el caso dio un nuevo giro al ampliar la juez su investigación a, al menos, otras tres consejerías (Agricultura y Pesca, Innovación, Ciencia y Empresa, y Turismo) para saber si, al igual que Empleo, concedieron ayudas a empresas a través de transferencias de financiación del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

El IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y, mediante órdenes de ayudas, Empleo habría eludido supuestamente la Ley autonómica de Hacienda Pública, según denunció la policía. Además, varios informes de la Intervención General de la Junta advirtieron en contra del procedimiento seguido para conceder las subvenciones. Con el auto que dictó ayer, la juez investiga ya la gestión de cuatro de las 13 consejerías andaluzas.

Mercedes Alaya pide datos de Turismo, Agricultura e Innovación y Ciencia

El auto abre una línea sobre firmas de la Sierra Norte de Sevilla

Mientras, la juez avanzó ayer "una nueva línea de investigación" para detallar los 13,7 millones que recibió el exedil socialista de El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo a través de un entramado de empresas. Rosendo es hijo del exalcalde Rafael Rosendo, imputado como intruso en la causa, y a través de 11 sociedades vinculadas a la ganadería y la restauración recibió ayudas millonarias de manera discrecional y sin control de seguimiento del dinero a posteriori por parte de Empleo.

"La concentración en las mismas personas y en el mismo grupo empresarial de un número tan importante de ayudas públicas, realizadas a través de las transferencias de financiación, lo que implica la ausencia de procedimiento, de control de gasto y del destino de las cantidades aplicadas, obliga necesariamente a investigar" estas firmas, destaca el auto. Además, Alaya pide documentación sobre las ayudas concedidas a sociedades de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, que aglutinaron 7,8 millones en subvenciones públicas.

Hace un mes el PP denominó como la "trama Viera" el conjunto de ayudas concedidas a la Sierra Norte sevillana, entre las que figuran las de Rosendo y Rodríguez de la Borbolla, consecuencia, según los populares, de los vínculos con estas empresas que mantuvo el líder de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera. Entre 2000 y 2004, este concedió como consejero de Empleo la gran mayoría de estas controvertidas ayudas, de ahí que el PP solicitara su investigación. La juez sigue esta senda pero sin nombrar a Viera, ya que su ulterior imputación significaría elevar el caso al Tribunal Supremo, dada la condición de aforado de Viera (era senador y ahora es candidato al Congreso).

Este auto de Alaya, de 44 páginas, supone un punto de inflexión en la causa. La magistrada pide a las partes que reflexionen sobre la magnitud de una investigación que ya atañe a más de un centenar de empresas. "La sincronización resulta imprescindible", valora, para a continuación instar un orden para analizar los expedientes.

De este modo, la juez busca aclarar "los pagos cruzados" entre la Junta y las aseguradoras, por los que se atendían los compromisos urgentes. Un auténtico galimatías por el que el dinero de un ERE se destinaba a otro a través de una sencilla orden de pago. La consecuencia ha sido un impago pendiente que supera los 100 millones y que ahora Alaya intenta delimitar: "Ayudas sociolaborales y a empresas resueltas (...) y no pagadas, que no están incluidas en el desplegable".

Uno de los ejemplos es el expediente del restaurante Río Grande, cuyos pagos se abonaron pero no figura en el desplegable de la agencia IDEA. La magistrada subraya este dato y la respuesta es que se pagó a través de estos "pagos cruzados". En el auto pide a la Junta que le informe de los empresarios que hayan reclamado por vía judicial el pago de las ayudas concedidas, entre los que se encuentra José María Sayago, exsocio de Rosendo.

Alaya pide una batería de documentos a la Junta. Entre ellos destacan las "bases de datos extracontables" relativas a la contabilidad del IFA. Es decir, documentos añadidos a las contabilidades remitidas al juzgado, para así escudriñar las subvenciones que tramitó este organismo.