Alaya indaga si las empresas defraudaron a Hacienda

Una de las principales vías que ha abierto la juez con el auto de ayer es la defraudación a las arcas del Estado y la posible comisión de delitos fiscales por parte de los empresarios beneficiados durante la última década por las ayudas de la Junta. Alaya traslada a la Agencia Tributaria "las posibles infracciones tributarias derivadas de los ingresos recibidos por las entidades beneficiarias de los pagos". Así, la juez pide a la Agencia Tributaria que aporte "los informes patrimoniales de las empresas y de los implicados". Además, puntualiza que si la Agencia Tributaria "constatara la omisión de algún dato identificativo", deberá comunicárselo al juzgado.

La juez hace hincapié en las ayudas tramitadas para diferentes empresas como González Byass, en cuyo ERE se incluyó al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el restaurante Río Grande, la empresa aceitunera Acyco, las bodegas Sandeman de Ruiz-Mateos, y la tecnológica Novo Comlink España, entre otras. En esta última, Alaya pide la vida laboral del intruso Manuel Jiménez de Miguel, militante que el PSOE aún no ha expulsado, a diferencia de otros socialistas. Asimismo, solicita el acuerdo resolución del entonces consejero de Innovación Francisco Vallejo vinculado con esta compañía.

Alaya ordena trasladar las actuaciones realizadas al Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía, que ya está elaborando un informe fiscalizador por orden del Parlamento andaluz.

Despachos de abogados

En el repaso que la juez hace de los fondos para empresas, destacan "los contratos de prestación de servicio de asesoramiento técnico" que desde 2001 llevó a cabo el despacho Abogados Garrigues. La juez reclama a la Dirección General de Empleo copia de los contratos, facturas recibidas y justificación de los pagos abonados a este famoso bufete.

"Era imposible saber cómo iba a acabar un conflicto laboral. Nadie sabía dónde estaba el final. Contratabas con Garrigues un contrato menor por 10.000 euros, pero luego se multiplicaba por diez", explicó un ex alto cargo de Empleo la pasada primavera. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 2/2000 establece que los contratos menores no pueden exceder los 30.050 euros ni ser prorrogados. En el mismo auto, la juez extiende la investigación a los servicios prestados por otros tres bufetes que asesoraron a Empleo.