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La Diputación de Castellón recorta un 55% las ayudas a los municipios

Los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes se quedarán sin inversiones

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, anunció ayer un recorte drástico en las inversiones previstas en los municipios de la provincia de cara al año que viene. El Plan de Obras y Servicios (POYS) verá mermado su presupuesto en un 55,7% y caerá hasta los 3.100.000 euros. Similar cantidad a la gastada por la Generalitat el pasado fin de semana en el Castellón Masters; el torneo de golf que se juega cada año en el campo de Borriol que preside Carlos Fabra.

Javier Moliner dio un largo rodeo durante su comparecencia en el salón de recepciones de la Diputación junto a los vicepresidentes Francisco Martínez y Miguel Barrachina, para confirmar al final el desplome inversor. Recordó que "son malos tiempos" para todas las Administraciones, por la caída de ingresos relacionados con la construcción o la actividad económica. Además de a la crisis, Moliner atribuyó al Ejecutivo central la decisión que ha tenido que adoptar porque durante el actual mandato la Diputación tiene que devolver "los 41 millones" de euros que el Gobierno le anticipó en 2008 y 2009 de acuerdo con la previsión de ingresos tributarios. Una decisión "irresponsable" del Gobierno en opinión de Moliner, que supone "la asfixia" de las Administraciones locales y la provincial. El presidente de la Diputación dijo que deben reintegrar a las arcas estatales "más de 8 millones" cada año y que en gran medida, el recorte que aplicará el año que viene a los municipios se debe a este concepto.

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La rebaja inversora no afectará a todos por igual. Los municipios de más de 5.000 habitantes "se quedan sin obras". La totalidad del presupuesto de los POYS irá destinado a las localidades con menor población. Un total de 116 pueblos a los que corresponderán 170 obras, según Moliner, quien justificó su decisión porque los municipios grandes "ya se vieron beneficiados" con los planes E y Confianza del Gobierno y la Generalitat respectivamente. Ambas Administraciones, a juicio del presidente provincial, "no fueron sensibles" con los municipios pequeños porque repartieron las ayudas "de forma directamente proporcional a la cantidad" de población, "sin marcar" coeficientes de corrección.

El Plan de Obras y Servicios es una herramienta que instauró Carlos Fabra desde la presidencia de la Diputación de Castellón para acabar con la discrecionalidad en el reparto de subvenciones. Mediante un documento reglado, todas las localidades podían acogerse a las ayudas para realizar inversiones en una provincia donde la mayoría de sus 135 municipios, por tamaño, carece de presupuesto suficiente para ejecutar proyectos. Todos los alcaldes, de distinto signo político, reconocen la importancia de este plan.

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El portavoz socialista en la Diputación, Francesc Colomer, lamentó ayer que el recorte afecte "al plan más democrático de todos" porque garantiza igualdad de oportunidades. Colomer instó a Moliner a aplicar reducciones en otras partidas y en los convenios singulares; una fórmula que también aplica la Corporación, al margen de los planes reglados, cuyas inversiones "se deciden con criterios partidistas".

También el portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, abogó por eliminar los convenios singulares antes que reducir de 7 a 3,1 millones el Plan de Obras y Servicios. Para Nomdedéu, "si tiene algún sentido" la Diputación, es para la ejecución de este proyecto, que considera "el más interesante" de cuantos se realizan en la Corporación. Colomer y Nomdedéu pidieron la eliminación de otras partidas "superfluas" como los 364.000 euros destinados por Moliner este año al Castellón Masters de Fabra, que se suman a los 3.136.028 aprobados por el Consell.

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