El TSJ absuelve a Bellver del delito de prevaricación por el 'caso Monforte'

El tribunal no halla indicios de que el concejal violara la ley a propósito

El Tribunal Superior de Justicia absolvió ayer a Jorge Bellver, concejal de Urbanismo de Valencia y diputado autonómico, del delito de prevaricación urbanística. Bellver estaba acusado junto a cuatro funcionarios municipales de autorizar la construcción de un aparcamiento al lado de los Jardines de Monforte, un bien protegido, omitiendo conscientemente el informe del servicio de Patrimonio de la Generalitat para evitar trabas al proyecto. El fiscal también señalaba que para tal fin había existido concertación entre los cinco imputados, que intervinieron en la tramitación de la obra.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Flors, recuerda que el delito de prevaricación no castiga "la equivocación, ni el error, pero tampoco la mera ilegalidad, por grave que pudiera parecer", sino "el dictado de una resolución de manera injusta, torcida o arbitraria, con intención deliberada y plena conciencia del acto injusto que se realiza". Y el elemento subjetivo, violar la ley a propósito, no fue probado en el juicio. Tampoco apreciaron los jueces "el más mínimo indicio" de "que existiera connivencia alguna entre los acusados para llevar a cabo ninguna conducta irregular".

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El tribunal señala que una "interpretación acentuadamente rigurosa" de las leyes que protegen el patrimonio conduciría a concluir que el informe del servicio de la Generalitat era necesario. La sentencia matiza, sin embargo, que el enrevesado conjunto de normas aplicables al caso no permite afirmar que la posibilidad contraria "sea manifiestamente ilógica o irracional, o fruto de la arbitrariedad", como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo para el delito de prevaricación.Contra la sentencia del TSJ cabe recurso precisamente ante el Tribunal Supremo.

Ningún testigo, la mayoría subordinados del concejal, cuestionó la versión de los acusados en lo esencial (conocimiento de que infringían la ley y confabulación) para sostener la acusación por prevaricación, recuerda el fallo. El ministerio público intentó demostrarlo por la vía de los casos comparados. En otros expedientes Bellver y el resto de imputados sí pidieron el informe de Patrimonio. El más llamativo fue el de la autorización de obras en la clínica Quirón, porque se produjo en la misma época, afectaba al mismo entorno protegido de Monforte y se encontraba, de hecho, más lejos de los jardines que la obra del aparcamiento. Uno de los empleados del Grupo Enrique Ortiz, que ejecutó el aparcamiento, señaló que la enorme excavación se realizó a apenas de 20 centímetros del muro que rodea el jardín.

La sentencia señala probada esa diferente actuación en casos similares, pero lo considera insuficiente para desvirtuar las presunciones de inocencia de Bellver; del secretario municipal, Pedro García Rabasa; del jefe de servicio de Circulación, Juan Casañ; del jefe del servicio de Planeamiento, Juan Antonio Altés, y de la aparejadora del Ayuntamiento María José Gasull. El fiscal pedía para ellos ocho años de inhabilitación.

Los cuatro funcionarios afirmaron en el juicio que no sabían que el entorno de los Jardines de Monforte estuviese protegido, a pesar de que lo estaba desde 1992 y de que en el caso de las obras en la clínica Quirón sí solicitaron el informe a Patrimonio justamente porque el entorno de Monforte gozaba de protección.

Bellver, que trabaja en el Ayuntamiento desde los años ochenta, fue más lejos y negó directamente que supiera que los Jardines de Monforte estuvieran protegidos, a pesar de que lo están desde el año 1941, y de que tal circunstancia figura en temarios de oposición para entrar a trabajar en el Consistorio. Dicha estrategia quizá no lo dejó en el mejor lugar, pero contribuyó a alejar aún más la posibilidad de condena.

Tres acusados, aunque no el concejal y diputado, habían solicitado que el fiscal fuese condenado a pagar las costas del proceso. Los jueces rechazan la petición porque no está previsto en la ley: "El legislador no ha podido representarse como posible que, atendidos los principios que deben regir la actuación del Ministerio Fiscal, éste pudiera actuar temerariamente".

Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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