Fraga informó contra la urbanización que benefició a un edil de A Coruña

No se levantarán en el entorno protegido de la Torre de Hércules las cinco torres residenciales de ocho plantas de altura planificadas en 1998 por el gobierno coruñés del socialista Francisco Vázquez. Algunos de los ocho promotores de esa abortada urbanización en Agra de San Amaro han acudido a los tribunales para reclamar responsabilidad patrimonial y que se les indemnice, tras la decisión, el pasado año, del ejecutivo bipartito (PSOE-BNG) de abortar el proyecto. Y ahora, el equipo del alcalde Carlos Negreira (PP) ya ha entablado negociaciones con los afectados para disuadirles de seguir la vía judicial y acordar una compensación por una actuación que la Xunta de Fraga consideró ilegal. Patrimonio advirtió al Ayuntamiento en 2005 que contravenía, entre otras normas, el Plan Especial de Ordenación y Protección de la singular península de la Torre, en vigor desde 1997.

La recalificación benefició a un teniente de alcalde de A Coruña

Patrimonio advirtió de que el proyecto contravenía distintas normas

"Vamos a defender los intereses del Ayuntamiento y tratar de buscar una solución con los demandantes en el nuevo Plan General", ahora en trámite, defiende el concejal de Urbanismo, Martín Fernández. Insiste en que una demanda judicial siempre será más costosa. Reconoce que no es "una negociación fácil". Pero tampoco garantiza que no habrá edificaciones de ningún tipo en el entorno del viejo faro, ahora doblemente protegido tras su declaración en 2009 como Patrimonio de la Humanidad. Lo único seguro, afirma el gobierno de Negreira, es que no se elevarán los "mamotretos" ideados por el de Vázquez.

"Las técnicas urbanísticas dan mucho juego, vamos a explorar alguna solución que cuente con el beneplácito de la Unesco", afirmó Fernández. Y destacó que "nunca se ocultó el proyecto para edificar" en Agra de San Amaro. Figuraba en el expediente para declarar la Torre Patrimonio de la Humanidad.

No obstante, entre las recomendaciones de la Unesco para el entorno del faro, tras la concesión del título en 2009, se incluyó la prohibición de edificar que ya establece el vigente Plan Especial de Protección del monumento, redactado y aprobado por el Ayuntamiento coruñés. Una norma que se saltó sin ambages el gobierno de Francisco Vázquez en el Plan General de 1998, que recalificó, para levantarles la prohibición de edificar, un área de nueve fincas de Agra San Amaro, destinada a albergar los cinco bloques y un centro comercial. Una de esos solares era propiedad familiar de un teniente de alcalde de Vázquez, Carlos González-Garcés, que obtuvo pingües beneficios con la venta de su propiedad una vez revalorizada por la recalificación.

Cuando el Ayuntamiento coruñés, en marzo de 2005, remitió a la Xunta los estudios de detalle que concretaban las características de esa urbanización, la respuesta fue tajante: la Dirección de Patrimonio de la Xunta advirtió que el proyecto incumplía varias normas legales.

El estudio de detalle aprobado en 2002 por el Ayuntamiento -redactado por el arquitecto César Otero Grille, al que Negreira ha nombrado director del área municipal de Urbanismo- "incumple", según advertía Patrimonio, el artículo del Plan General de 1998 "que establece la vigencia del Plan Especial de Protección" de la torre. Esa norma destinaba a parques públicos las parcelas de Agra San Amaro y prohibía edificar. Y además, el estudio de detalle contravenía la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, al haber sido aprobado sin contar con el preceptivo informe de Patrimonio, se alertaba.

Pero el ejecutivo coruñés nunca contestó a ese escrito de Patrimonio y siguió adelante con la tramitación de la urbanización. Incluso la incluyó en la revisión del Plan General de la ciudad, aprobada inicialmente en diciembre de 2009 y aún en trámite. Patrimonio, el pasado año, en su informe sobre ese nuevo plan, recordó sus advertencias legales en contra de la urbanización y también las recomendaciones de la Unesco para reforzar la prohibición de edificar en el entorno de la Torre. A ese informe se agarró entonces el gobierno bipartito PSOE-BNG de A Coruña para abortar una macrourbanización que, tras la declaración del faro como Patrimonio de la Humanidad, genera rechazo social.

Los socialistas, que dirigieron el área de Urbanismo hasta junio, sostienen que es la Xunta la debe compensar a los promotores del fallido proyecto. Un argumento que rechaza tajante tanto el Gobierno gallego como el equipo de Negreira. Patrimonio recordó que los aprovechamientos urbanísticos y posibles derechos que generen, así como la concesión de licencias de obras, "son competencia exclusiva de la administración municipal". El BNG, que en el gobierno local se abstuvo sobre el proyecto, defiende que se puede anular sin compensar a los promotores.