Quitas y/o recapitalización

En el difícil camino de la reestructuración financiera como solución a la crisis de deuda soberana que padecemos -y que está alargando la crisis económica al no permitir el flujo de crédito a la economía productiva- se están planteando dos tipos de medidas no excluyentes, pero de diversas consecuencias.

Por una parte está la falta de credibilidad de los mercados. En este momento se centra fundamentalmente en las dudas sobre la calidad de la deuda pública de los Estados, comenzando por Grecia, siguiendo con Irlanda y Portugal y, en otro nivel, Italia y España. Los mercados han ido señalando su grado de confianza en el precio de la misma, aumentando los diferenciales respecto al bono alemán. Hasta ahora, la deuda de los Estados se consideraba un activo sin riesgo y, por tanto, sin obligación de ser provisionada por los bancos tenedores de la misma.

El fondo del problema, que es la valoración inadecuada de los activos, sigue sin resolverse

Las llamadas quitas, que consisten en la posible condonación de parte de la deuda emitida, si se producen, obligarán a las entidades financieras tenedoras de las mismas a provisionar en sus balances las pérdidas correspondientes. Por tanto, es necesario que se analicen con sumo cuidado. El caso más claro es el de Grecia. Se habla de una quita cercana al 60%, y serían los bancos franceses y alemanes los mayores afectados. Quizá por eso se quiere generalizar y ampliar el problema al resto de los países mencionados. En el caso de España no parece justificado hablar de una quita del 20%, cuando el Tesoro español está consiguiendo financiación en el mercado con unos intereses todavía muy soportables.

Sin embargo, la hipotética quita sobre la deuda española afectaría a los propios bancos españoles, que son los mayores tenedores y que, por tanto, se verían muy afectados en sus balances si tuviesen que provisionar esa pérdida. Por tanto, las autoridades españolas deberían luchar y evitar esa equiparación de España con otros países que están en peores condiciones, y sobre todo con Grecia, país que está sufriendo enormemente con la demora en la toma de decisiones en la UE.

Otro tema diferente, aunque muy relacionado, son las dudas sobre la solvencia financiera en la Unión Europea. Hasta ahora se han ido aumentando las ratios exigidas en la capitalización de las entidades financieras. Sin embargo, continúa la desconfianza, y lo hecho hasta ahora parece insuficiente. El motivo es que el fondo del problema, que es la valoración inadecuada de los activos, sigue sin resolverse. Además de los activos en deuda pública ya mencionados, la mayoría de los activos en empresas privadas no se han ajustado suficientemente a las pérdidas sufridas, que están provisionadas solo en parte.

El sistema financiero europeo está tocado; las instituciones europeas critican duramente su falta de actuación en los flujos crediticios a las empresas. Las dudas de las propias entidades financieras impiden el flujo del crédito pensando en las posibles necesidades suyas de financiación. Por otra parte, las facilidades financieras del Banco Central Europeo se han utilizado para obtener beneficios en el corto plazo sin aplicarlas a las necesidades de crédito de las empresas productivas.

Se están anunciando diferentes medidas. La más importante es la de aumentar las ratios de capitalización exigidas hasta ahora, pero también comienza a hablarse de alguna regulación sobre las políticas de remuneración, bonus, indemnizaciones y pensiones de los directivos de aquellas entidades financieras que hayan recibido ayudas o avales públicos.

Tratando el problema en su conjunto, quizá habría que establecer un cierto orden en las posibles medidas a tomar, ya que no tiene mucho sentido que, para recapitalizar el sistema financiero, al final sean los Estados los que aporten fondos y avales al mismo tiempo que la deuda de esos mismos Estados se pone en entredicho. Primero, normalizar los balances de las entidades financieras, aunque sea agrupando los activos muy dudosos en un banco malo. Al mismo tiempo, reestructurar el sector reduciendo el número de entidades a las que puedan ser solventes. Una vez hecho este ejercicio se podrá analizar la calidad de la deuda de los Estados en función de su capacidad de pago y no en función de quienes son los tenedores de la misma.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).