La Xunta frena la financiación privada forzada por el Consello de Contas

En la presentación pública de los Presupuestos de 2011, hace un año, el sistema de financiación público-privada (PPP, en sus siglas en inglés) era para la Xunta poco menos que una panacea de 400 millones de euros para mantener la inversión productiva en tiempos de crisis. El pasado jueves, al dar a conocer las cuentas para 2012, la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, eludió cualquier alusión a este modelo de inversión, que aplaza el pago de las obras y no computa como déficit, pero que supondrá una carga a partir de 2014 de al menos 120 millones al año, equivalente al presupuesto de la Consellería de Cultura. Entre una y otra rueda de prensa, de forma silenciosa y a instancias del Consello de Contas, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo ha decidido no licitar ni una obra más mediante PPP.

Hernández renuncia a emprender nuevos proyectos en lo que resta de legislatura

El pago aplazado absorberá desde 2014 más fondos que toda Cultura

Las vagas explicaciones de la conselleira al respecto fueron en respuesta a las preguntas de los periodistas. Fernández Currás se refirió a la previsión de lograr el próximo año otros 400 millones de lo que definió, genéricamente, "inversión extrapresupuestaria". La presentación, ayer, de la nueva Axencia Galega de Infraestructuras, que preside el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, permitió aclarar el significado de esos 400 millones, que en realidad son 396. De ellos, solo 210 son de financiación público-privada. El resto (186 millones) salen de la Sociedade Pública de Investimento (SPI), un organismo autónomo que se endeuda en el mercado financiero y que tampoco computa en el déficit. El SPI ejerce la tutela funcional de la nueva agencia, que canalizará las inversiones del departamento de Hernández y de otras consellerías con una inversión propia de 268 millones y con los 396 de la extrapresupuestaria.

En esos 210 millones de PPP debería entrar el desdoblamiento en autovía del corredor de O Morrazo, pero también obras de otras consellerías como los 20 centros de salud que la Xunta se comprometió a adjudicar en 2011 y que están paralizados. La confusión sembrada por la Xunta respecto al PPP apunta no obstante a una posible renuncia de estas actuaciones, a pesar de que, en el caso del Morrazo, la inversión de 70 millones ya fue licitada, aunque no adjudicada. Ni esta obra ni los centros de salud aparecen en el cuadro de contratos de colaboración público-privada de los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2012. En cuanto a los centros de salud, la memoria del Sergas sostiene que se pagarán mediante fórmulas "tradicionales".

En el caso de las obras de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, la realidad de la crisis ha impuesto una paralización total, y no solo de nuevas inversiones. Las cuentas del año próximo no prevén obras nuevas, y las que están en ejecución sufren la decisión de la Xunta de anticipar un trimestre el cierre presupuestario de 2011. Las empresas que trabajan para la consellería de Agustín Hernández no cobrarán hasta 2012, aunque el conselleiro confió ayer en que ello no suponga retrasos en el ritmo de las obras. Dado que el próximo será el último ejercicio completo de la legislatura de Feijóo, Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras renuncia así a emprender ya nuevos proyectos, a la espera de que se resuelva la duda de la autovía del Morrazo, que el presidente prometió adjudicar antes de que finalizara 2010.

El frenazo al PPP se produce después de la seria advertencia lanzada por el Consello de Contas este verano, cuando alertó de que el abuso de este modelo cuestiona "la sostenibilidad futura de las finanzas" autonómicas. En 2012, la colaboración público-privada supondrá una carga de 25,6 millones de euros. Pero la situación cambiará radicalmente a partir de 2014, cuando la Xunta comience a pagar dos obras ya en marcha: la autovía Carballo-Berdoias y el hospital de Vigo. Solo estos dos proyectos cargarán los presupuestos con 92,3 millones de euros adicionales, que irán creciendo año a año hasta 2033.

Entre el informe del Consello de Contas y los presupuestos de 2012, el grupo parlamentario popular dio pistas de la decisión de frenar en seco en el abuso del PPP con una resolución que aboga por controlar al máximo este tipo de financiación.