El voto 'anti' de los obispos

No disponen de partido ni se presentan a las elecciones, pero los obispos tienen un programa. Lo desgranó ayer su portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, en conferencia de prensa, desde el horizonte de lo que los prelados llaman "fundamentos prepolíticos". Su tesis es que las leyes no son siempre morales y justas "por el mero hecho de que emanen de organismos legítimos". Por ello, reclaman que, antes de votar, se tenga en cuenta "el peligro que suponen opciones que no tutelan el derecho a la vida" desde su concepción a la muerte. Se refieren a la despenalización de aborto, a la aplazada legalización de la eutanasia y a la investigación con embriones con fines médicos.

Como medidas concretas, la Conferencia Episcopal Española (CEE) legislaría para suprimir el divorcio y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dicen: "Es necesario tutelar el derecho de los españoles a ser tratados por la ley como esposo y esposa, en un matrimonio estable, que no quede a disposición de la voluntad de las partes ni, menos aún, de una sola de las partes. Son también peligrosos y nocivos para el bien común ordenamientos legales que no reconocen al matrimonio en su ser propio y específico, en cuanto unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien de los esposos y de los hijos".

La Iglesia católica aboga por derogar la ley que permite el matrimonio gay

El pronunciamiento episcopal se ha producido mediante una "nota" y después de una larga reunión de la Comisión Permanente de la CEE, que empezó el martes y concluyó anteanoche. Presidido por el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco, a este organismo pertenece lo más granado de la jerarquía del catolicismo español, entre ellos todos sus cardenales y arzobispos.

También opinan los prelados sobre la crisis. Dicen: "Son necesarias políticas que corrijan los errores y desvíos cometidos en la administración de la hacienda pública y en las finanzas, y que atiendan a las necesidades de los más vulnerables, como son los ancianos, los enfermos y los inmigrantes". En educación, un sector en el que la Iglesia romana es en España una potencia, incluso económica, la idea fuerza es que la enseñanza de la religión y la moral católica en la escuela pública debe ser "una asignatura fundamental opcional". Afirman: "Es un modo de asegurar los derechos de la sociedad y de los padres y exige hoy una regulación más adecuada para que esos derechos sean efectivamente tutelados". También insisten en que el Estado "debe evitar imposiciones ideológicas que lesionen el derecho de los padres a elegir la educación filosófica, moral y religiosa que deseen para sus hijos. En cambio, ha de ser facilitada la justa iniciativa social en este campo".

Pese al reconocimiento de "la legitimidad moral de los nacionalismos", los prelados remachan un principio muy de su gusto: la necesidad de "tutelar el bien común de la nación española, evitando los riesgos de manipulación de la verdad histórica por causa de pretensiones separatistas o ideológicas de cualquier tipo".

Es en este punto cuando, casi de pasada, los obispos aluden al problema del terrorismo, pese a haber tenido noticia del comunicado de ETA cuando todavía estaban reunidos. Afirman: "Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población". El portavoz de la CEE justificó este laconismo: "La Conferencia Episcopal nunca ha hecho una valoración moral, y mucho menos política, de ningún texto de ETA. Y tampoco lo va a hacer ahora".

Los obispos se remontan a un reciente discurso del papa Benedicto XVI en Alemania para sostener estos fundamentos electorales y las intenciones de la "nota". "El cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado. Se ha referido, en cambio, a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho", afirmó en su tierra el pontífice romano. Con esa idea, tan rebatible con la historia del nacionalcatolicismo en la mano, los prelados españoles dicen "no entrar en opciones de partido, ni pretender imponer a nadie ningún programa político".

También sostienen que "no se podría hablar de decisiones políticas morales o inmorales, justas o injustas, si el criterio exclusivo o determinante para su calificación fuera el del éxito electoral o el del beneficio material".