De la Oliva: "La justicia está grave y con mal pronóstico"

Pilar de la Oliva, presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, ofreció ayer en la apertura del curso judicial un diagnóstico poco complaciente de la situación de la Administración de justicia: "El déficit de medios en la justicia es histórico. Pero hoy, ahora, los juzgados nos encontramos en estado grave con pronóstico reservado", afirmó. El discurso De la Oliva, pronunciado a escasos metros del jefe del Consell, Alberto Fabra, contrastó con la suavidad con que solía expresarse en el mismo acto su antecesor en el cargo y amigo del expresidente Francisco Camps, Juan Luis de la Rúa.

"Hemos podido comprobar que las dificultades, en su manifestación más reciente, han afectado a la creación de nuevos órganos, de sedes judiciales que permitan acoger con dignidad a los tribunales y a los ciudadanos que acuden a ellos. Sufrimos las consecuencias de no contar con mejores medios técnicos, que contribuirían extraordinariamente a mejorar nuestra capacidad de actuación". La referencia se dirigía a la Generalitat, que este año ha renunciado a la creación de 15 juzgados que ya habían sido acordados, así como a la construcción o reforma de una docena de sedes judiciales.

Los juicios por despidos se están señalando para noviembre de 2012

La presidenta del TSJ dijo que los jueces son conscientes de la coyuntura de crisis. "Lo sabemos porque nos ocupamos de sus consecuencias, porque recibimos a las empresas que pasan por situaciones dramáticas, porque nos ocupamos de las reclamaciones de deuda o de indemnizaciones por despido". Pero sugirió que en ese contexto la justicia, según cómo esté de financiada, puede ser tanto parte de la solución como agravar el problema: "La situación de shock en muchos juzgados hace que una empresa en concurso no pueda salir de esa situación en menos de un año. Y no parece que eso contribuya a dinamizar la actividad económica".

La saturación de los juzgados valencianos, advertida desde el Consejo General del Poder Judicial, implica caer "en el riesgo de impunidad en los partidos más castigados por las modalidades más sofisticadas y peligrosas de la delincuencia internacional, porque el tiempo de tramitación es excesivo; o significa que no se pueda señalar un juicio por despido antes de noviembre del año que viene. No parece razonable".

De la Oliva reclamó medios pero también reformas legales que permitan abordar el colapso de numerosos juzgados. Y pidió para ello un "pacto de Estado".

El fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, señaló que resulta necesario implantar una fiscalía de área y secciones territoriales en la provincia de Valencia. Las "excesivas competencias territoriales" de la Fiscalía de Valencia, agregó, la hacen "escasamente operativa". Cabedo destacó, pese a ello, que el número de fiscales en el territorio aumentó un 6% en 2010 respecto al año anterior, hasta alcanzar los 246, aunque seguían faltando en Alcoi y Vinaròs.

Jesús Olarte, secretario de gobierno del TSJ, recordó que el "incremento exponencial de funciones y responsabilidades" de los secretarios judiciales (en materia de ejecución hipotecaria, reclamaciones de cantidad y en breve, desahucios), y por tanto de trabajo, ha coincidido con "la reducción de sueldo que todos los funcionarios hemos soportado de forma estoica".