El dueño del 'helicóptero chatarra' culpa al piloto del siniestro que causó ocho muertos

El propietario del helicóptero reconstruido con piezas de chatarrería que se estrelló en Torallola (Pallars Jussà) el 14 de junio de 2002, y causó ocho muertos, atribuyó ayer toda la responsabilidad del accidente al piloto, fallecido en el siniestro. La vista oral del caso, que empezó ayer en la Audiencia de Lleida, nueve años y cuatro meses después de la tragedia, deberá aclarar las causas que la desencadenaron.

En la primera sesión del juicio, el principal acusado, Pedro María S. M., administrador de la empresa Helieuropa Services, culpó al piloto de la aeronave, Vicens F. R., porque transportó a pasajeros que no estaban autorizados y porque ese día tomó la decisión de despegar sabiendo que el helicóptero no había pasado la revisión de las 100 horas de vuelo.

El empresario aseguró que el piloto no tenía autorización para transportar pasajeros ajenos al servicio que estaba realizando, consistente en la revisión de líneas eléctricas de alta tensión de Fecsa-Endesa. La aeronave despegó del aeropuerto de Sabadell con dos pilotos y dos termógrafos, pero durante el trayecto hacia el Pirineo realizó una parada en Lleida para recoger a la delegada de Industria de la Generalitat, Divina E., dos cargos de ese departamento y un representante de la compañía eléctrica. Estas cuatro personas no figuraban en el plan de vuelo.

El acusado explicó que la decisión "equivocada" de subir al aparato a estas cuatro personas fue exclusivamente del piloto. "La aeronave", señaló a preguntas del fiscal, "nunca debió haberse utilizado para el transporte de viajeros, ya que solo era para carga y para hacer trabajos de termografía. El piloto hizo un vuelo totalmente prohibido y nosotros nunca le dimos autorización", aseguró.

El fiscal del caso considera que Pedro María S. M. montó un helicóptero de lo que no era nada más que "chatarra". Lo compró en 1993 en una subasta pública al Ejército del Aire por 3.450 euros y tres años después lo vendió a Helieuropa Services, de la que era gerente. En el momento de la subasta carecía de los elementos fundamentales para el vuelo, como motor, palas del rotor principal y de cola, y fue reconstruido con piezas compradas en otras subastas o retirándolos de otras aeronaves. El acusado, sin embargo, defendió ayer que la documentación del aparato estaba en regla y que las piezas las compró a proveedores autorizados.

Además de Pedro María S. M., están acusados los responsables del mantenimiento del helicóptero Andrés G. L., José Carlos P. y Carlos M. El fiscal les acusa de ocho delitos de homicidio por imprudencia profesional y contra los derechos de los trabajadores y solicita para cada uno de ellos cinco años y nueve meses de prisión, 7.200 euros de multa y seis años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión. También pide que indemnicen a los familiares de las víctimas con un total de 600.000 euros. El Ministerio de Fomento figura como responsable civil subsidiario.