"La situación de la CAM no es buena para la imagen de Alicante"

Vicente Magro (Murcia, 1960) acaba de ser renovado por tercera vez al frente de la presidencia de la Audiencia de Alicante, cargo al que accedió en 2001. El magistrado aboga por desburocratizar la justicia para ahorrar. Magistrado por oposición desde 1986, pide juzgados especiales para los casos de corrupción, aboga por acotar el tipo penal del imputado y cree que el escándalo de la CAM no es bueno para la imagen de Alicante.

Pregunta. ¿Cómo afronta este tercer mandato al frente de la Audiencia de Alicante?

Respuesta. Con mucha ilusión. No obstante, las circunstancias actuales son distintas a las de 2001, cuando no había nada hecho. Entonces era una Audiencia carente de un modelo de gestión.

"Sin una justicia rápida y eficaz el Estado de Derecho se resquebraja"

"Habría que limitar el tipo de imputado a indicios suficientes y concluyentes"

"No podemos seguir con este modelo caduco y trasnochado"

"Lo primero que tenemos que hacer es eliminar cargas burocráticas"

P. ¿Cuáles son sus prioridades en esta nueva etapa?

R. Estamos en una etapa difícil. Al margen de los problemas inherentes al sistema judicial, es evidente que hay menos dinero. Nuestra prioridad es ser eficaces con el dinero que tenemos. Y para ello, lo primero es cambiar la organización interna de la Justicia. No podemos seguir con este modelo caduco y trasnochado de un juez, diez funcionarios y un secretario. Hay que potenciar la resolución de conflictos extrajudiciales, mediante el arbitraje y la mediación, y si se llega a judicializar el caso también impulsar propuestas para evitar llegar a la sentencia, con fórmulas como la conformidad, la mediación penal y también la civil.

P. ¿Está en condiciones el sistema judicial de soportar nuevos recortes y ofrecer un servicio eficaz al ciudadano?

R. Lo primero es eliminar cargas burocráticas, aunque algunos crean que con esto se recortan los derechos. Pero no es cierto. El sistema judicial está excesivamente burocratizado y tenemos que dar muchos pasitos no solo para llegar a la sentencia, sino incluso para que esta se ejecute, lo más importante para el ciudadano. Pero estos pasitos que hay que completar son, en su mayoría, superfluos y tiempos muertos. Y esto hace una justicia menos rápida. Por ejemplo, en España hacemos al año 40 millones de comunicaciones a justiciables para que acudan a un juzgado. Esto conlleva una serie de gastos de recursos humanos y económicos para ir puerta por puerta buscando a una persona demanda. Esto tiene que suprimirse e introducirse lo que yo llamo el domicilio electrónico, para comunicarle esas resoluciones.

P. La percepción de los ciudadanos del sistema judicial es negativa. ¿Cómo se puede revertir esa situación?

R. Esta es nuestra aspiración. Pero también es evidente que los grupos políticos tienen que llegar a un auténtico pacto de Estado sobre la Justicia. Porque sin una justicia rápida y eficaz el Estado de Derecho se resquebraja.

P. Uno de sus caballos de batalla ha sido la lucha contra la violencia de género y la reeducación de los maltratadores. ¿Tiene prevista alguna novedad en este terreno?

R. Hemos abierto una puerta nueva, la reeducación sin denuncia previa con el programa Preventia. Nos hemos dado cuenta de que hay mujeres que, por determinadas circunstancias, no quieren denunciar, pero siguen siendo maltratadas y así nos lo comunican. Las estadísticas nos dicen que hay un 70% de mujeres que no denuncia a su agresor. La Administración no es lo suficientemente incisiva para convencerlas.

P. La lista de víctimas por violencia machista no para de crecer. ¿Es una cuestión de legislación o un problema de la sociedad en general?

R. El problema es que desde 1999 se han aprobado leyes, nuevos protocolos, reglamentos y los juzgados de violencia de género que están funcionado muy bien, pero, en paralelo, se ha producido un excesivo crecimiento de la violencia en el seno de la sociedad española, tanto entre los autóctonos como entre la colonia extranjera. Se ha producido lo que podríamos llamar una globalización de la violencia, doméstica, de género, escolar, vial, en los centros médicos y hospitalarios. La exageración de la violencia, también acentuada por la crisis económica, nos ha impedido ser más eficaces.

P. En Alicante, al colapso general de los juzgados se han unido en los últimos años los grandes sumarios vinculados a la corrupción. ¿Es posible realizar una buena instrucción de estos casos y al mismo tiempo llevar el día a día del juzgado?

R. Es prácticamente una utopía. Soy partidario, y lo llevo repitiendo desde hace tiempo, de que los casos de delincuencia organizada y corrupción se deberían seguir por jueces especializados. Si tenemos un fiscal especializado y una Policía también específica para estos asuntos, ¿por qué no hay también jueces especializados?

P. La sociedad alicantina observa cómo en los últimos años afloran los sumarios por supuestos casos de corrupción y hasta la legalidad de la gestión de la intervenida Caja Mediterráneo (CAM) está en cuestión. ¿Qué opina de este proceso?

R. Los tribunales estamos para tramitar los asuntos que se presentan. Pero no es bueno que una institución como la CAM haya llegado a esa situación, porque la imagen, sobre todo fuera, no es muy positiva. Yo hubiera preferido que la situación hubiera sido distinta, porque la imagen es negativa.

P. ¿Ha sentido o recibido presiones políticas vinculadas a los casos de corrupción?

R. No. En absoluto. Los políticos saben perfectamente que el poder judicial es independiente.

P. ¿Considera ético que un político imputado formalmente siga en el cargo?

R. Es un tema que no nos corresponde a los jueces. Es una decisión, si la imputación es sinónimo de condena o no, que compete exclusivamente a los políticos. Lo importante es que hay un anteproyecto en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento que iba a regular la figura del imputado en un proceso penal e introducir el tipo de investigado. Y, por tanto, optar por la figura de la imputación cuando ya hay una serie de indicios suficientes y concluyentes.

P. ¿Está preparado el sistema judicial para afrontar ese reto de la delincuencia generada a la sombra de las nuevas tecnologías?

R. Ese es nuestro deseo. Pero el problema estriba en que no hay una regulación de Internet. Hay mucha delincuencia informática, por ejemplo estafas o prostitución, pornografía infantil. Y hay otro problema añadido, el de los servidores, que cuando existe la comisión de un hecho delictivo esperan a que intervengan los tribunales. Es necesaria una regulación más incisiva e implicar a los servidores de Internet para cerrar los portales desde donde se delinque o injuria.