De nueve a cuatro imputados

Entre el 3 y el 24 de noviembre de 2009, los investigadores detuvieron a las siete personas supuestamente implicadas en la autoría intelectual y material del asesinato de Alejandro Ponsoda. Al primero de ellos, Raúl Montero Trevejo, de casualidad. La UCO lo buscaba por otro asunto y se plantó en Albatera para interrogar a su exmujer, pero fue él quien abrió la puerta y fue arrestado. Aquello provocó una cascada de detenciones sin que estuviera cerrada la investigación. El siguiente fue el empresario Salvador Ros, que salió esposado de su domicilio porque tenía un billete a China para el día siguiente. La Guardia Civil decidió dosificar las demás detenciones, entre ellas la de Juan Cano, sucesor de Ponsoda en la alcaldía y también del PP, para ver si alguno de ellos cometía algún error o delataba al resto.

Las detenciones se encadenaron tras un primer arresto casual

Los imputados pueden ser juzgados por urdir el plan del crimen

Pero nada de eso sucedió. Todos negaron su participación en la supuesta conspiración para matar a Ponsoda que relató un testigo protegido. La investigación orientó el móvil que indujo al asesinato hacia la actividad urbanística, lo que se tradujo al final en una pieza separada que se remitió a otro juzgado de La Vila Joiosa. La UCO encontró claros indicios de corrupción vinculados a la gestión de Cano, que había intentado crear para sí mismo una gerencia de Urbanismo. A los siete imputados por el crimen se unieron otros tres en la causa urbanística, luego archivada. Cano estaba acusado en las dos. Hoy quedan cuatro acusados de la autoría intelectual del asesinato, pero ningún autor material. Esta es, hoy por hoy, la situación procesal de los acusados en ambos procesos:

Juan Cano. El exalcalde de Polop sigue imputado por la autoría intelectual del asesinato de Ponsoda, pero ha sido sobreseída su imputación por tráfico de influencias porque no fue concejal entre 2003 y 2007.

Salvador Ros. Está imputado bajo la acusación de urdir el crimen en varias reuniones celebradas en un lupanar.

Pedro Hermosilla. El propietario del club Mesalina, donde supuestamente se fraguó el plan para acabar con la vida de Ponsoda, está imputado con el mismo argumento que Cano y Ros.

Ariel Gatto. Exgerente del Mesalina. Como Hermosilla, la investigación le acusa de haber participado en las reuniones conspirativas con Cano y Ros encaminadas a contratar a los autores materiales de los disparos. Sigue imputado.

Raúl Montero Trevejo. El acusado de ejercer de intermediario para contratar a los sicarios, a quienes habría proporcionado las armas, está cumpliendo seis años de prisión por otra causa. En lo que respecta al crimen, su imputación está archivada y ha pasado a tener la condición de testigo.

Robert Franek. Fue uno de los dos ciudadanos checos acusados de la autoría material de los disparos. Pasó un año en la cárcel y salió con una fianza de 3.000 euros. La juez que instruye el caso revocó posteriormente su imputación.

Radim Rakowski. El otro supuesto sicario salió en libertad condicional sin fianza con una imputación por asesinato y sin acabar de cumplir el periodo de prisión preventiva, algo insólito. Como Franek, ha pasado a ser testigo.

José Vicente Martí Albiñana. Su imputación fue sobreseída por la juez sin entrar en el fondo de la acusación. En el supuesto de que hubiera cometido el delito por el que fue imputado (negociaciones prohibidas a funcionarios), ya habría prescrito.

Jaime Narbó. Acusado de tráfico de influencias, es el único de los tres acusados en la rama urbanística del caso cuyo sobreseimiento de la imputación por una compraventa de parcelas es provisional.