250 caballos 'se manifiestan' contra el microchip de Medio Rural

Baiona se convirtió ayer en escenario de un desfile, pero bien distinto del que las Fuerzas Armadas protagonizaban simultáneamente en Madrid. En el caso de la villa pontevedresa, fueron más de 250 caballos los que se pasearon por su fachada costera para protestar contra la implantación obligatoria del microchip. Sus propietarios consideran que las marcas tradicionales, bien gestionadas, son suficientes para identificar a los animales, y alertan de que la imposición del dispositivo, que dicta la Xunta, acabaría en cinco años con los équidos salvajes, dado su alto coste.

La manifestación, convocada por la Asociación de Propietarios de Cabalos dos Montes da Groba, reunió a unas 500 personas, entre los jinetes, venidos de todo el sur de la provincia, y un grupo que hizo el recorrido a pie. A los lados de la calzada que cruza Baiona se agolpaban los curiosos, estupefactos los visitantes, comprensivos los vecinos. Tras la manada, colas de coches de más de 20 minutos, y una ristra de excrementos que iban recogiendo dos sufridos empleados municipales.

Los dueños de estos caballos, de raza autóctona gallega, unos 1.500 en la Serra da Groba, argumentan que la implantación del microchip -similar al que llevan animales de compañía y el ganado estabulado- haría aún más gravosa una práctica que en ningún caso es lucrativa. Costaría unos 40 euros, cuando los potros los están vendiendo a entre 30 y 60 euros, y además tienen que pagar el seguro de responsabilidad civil, otros 300 euros anuales.

Modesto Domínguez, presidente de la asociación, tiene más de 200 bestas, y con ellos pierde unos 2.000 o 3.0000 euros al año. Denuncia que el microchip, que la Xunta estaría dispuesta a subvencionar hasta 2013, es "un negocio para unos pocos" y no soluciona ninguno de los problemas que puedan generar -destrozos en fincas o siniestros viales-. Remarca que en A Groba todos los caballos están marcados y registrados en una base de datos. También en su cabeza. Con un golpe de vista desde la carretera y con el coche en marcha es capaz de identificar a cada uno de ellos, decir de quién es y recitar su marca. Recuerda que hace una década eran comunes los accidentes, porque los caballos atravesaban la carretera que une Baiona con A Guarda. Se instaló una valla, que la propia asociación se encarga de mantener, y se solventó el problema. Sugiere este tipo de solución para otros lugares.

Mantienen los animales por tradición y por pasión, y garantizan que con el sistema de marcas tradicional están perfectamente controlados. Se les graba una letra y un número en el lomo, y se anota a quién pertenece. Ponen esa base de datos a disposición de la Guardia Civil y de la Xunta, y en caso de que haya un accidente de tráfico, por ejemplo, el conductor puede identificar al propietario para reclamarle a su seguro la indemnización pertinente. Proponen extender este sistema al resto de asociaciones.

Con la marcha, los propietarios buscan dar un golpe de efecto para que se cierre en su favor un conflicto que estalló poco antes de los comicios municipales, que coincidían con la celebración de los curros en los que se marca a las "burras do monte" del modo tradicional, a hierro. Ante la amenaza de suspender estas vistosas y concurridas celebraciones, en aquel momento, la Consellería de Medio Rural les concedió una suerte de tregua electoral, pero se reafirmó en que los microchips debían ser implantados.

Consultado al respecto la semana pasada, el gabinete de prensa de Medio Rural se limitó a responder que está elaborando un marco normativo que "armonice" las disposiciones comunitarias, estatales y autonómicas. En cambio, no precisó si persiste en su idea de que todos los équidos lleven este dispositivo. Según expuso, sin contestar a las preguntas concretas, se trata de "encontrar fórmulas que permitan el mantenimiento de las poblaciones de caballos", pero apostilló que la identificación es "imprescindible". También apeló a la colaboración de todas las partes implicadas. Sin embargo, a día de ayer no había ninguna reunión prevista con los propietarios.

Cuando la consellería comunicó que el microchip era obligatorio, se amparó en una normativa, aprobada en 2008, de la Comisión Europea. No obstante, la propia Comisión aclaró en una respuesta parlamentaria a la Eurocámara que se pueden establecer excepciones en casos de caballos salvajes o semisalvajes, siempre que la autoridad competente -la Xunta, en esta ocasión- delimite el área en el que viven. En el texto, la CE sugiere que a la hora de abordar este asunto se deben tener en cuenta los aspectos medioambientales. Justo uno de los argumentos de los dueños, que apuntan que cada caballo desbroza unos 25 kilos de maleza al día, con lo que contribuyen a evitar incendios, y fertilizan el monte.

A esta función ecológica le suman el valor patrimonial de unos animales asociados a los habitantes de esta zona desde épocas prehistóricas. De hecho, en petroglifos de estos montes del sur pontevedrés aparecen representaciones de lo que podrían ser los antecedentes de los actuales curros. Por ello creen que, en lugar de abocarlos a su extinción, el Gobierno gallego debería pedir a la UE su inclusión en el catálogo de especies protegidas y de especial regulación por su interés patrimonial y natural. Quieren que se vea a los caballos salvajes como atractivo turístico, que se les valore como una riqueza, no como un problema.