"Es difícil recurrir sin saber la lengua"

La población reclusa en Galicia era de 4.400 personas a finales de 2010. De ellas, un 30% son extranjeros que en muchas ocasiones tienen problemas para hacer valer sus derechos. En ese marco, la ONG Ecos do Sur ha participado este año en un proyecto de asistencia jurídica en las prisiones que ha constatado que una de las principales preocupaciones de este colectivo es saber si al salir de prisión seguirán en España.

El Código Penal establece que los foráneos sin residencia legal pueden ser expulsados si están condenados a penas de menos de seis años. De ahí que más de la mitad de las 324 consultas a los técnicos de la asociación tratasen sobre ese asunto.

A veces la situación irregular es sobrevenida, como explicó ayer Carlos Villar, asesor jurídico de la ONG tras la presentación de las conclusiones del proyecto en la prisión de A Lama (Pontevedra). "Los hay que entran con la tarjeta de residencia pero salen sin ella. Además tienen menos posibilidades de acceder a los beneficios penitenciarios, porque es necesario acreditar una vinculación con el exterior que muchos no tienen".

Sucede además que hay extracomunitarios que entran en prisión en contextos en que los españoles no lo harían. Le pasaba a los manteros antes de la reforma del Código Penal que rebajó a falta la venta ambulante de discos piratas.

"Entraban con penas de cinco meses, porque al no tener tarjeta de residencia se consideraba automáticamente que existía riesgo de fuga". La ley cambió pero las complicaciones persisten. "Es difícil presentar un recurso cuando no se sabe leer ni escribir la lengua", relata el jurista, que destaca que los presos subsaharianos rara vez lo están por delitos relacionados con la droga. "Lo normal es que se trate de un inmigrante al que le dicen: 'conduces el camión y no pagas el viaje". En la ONG admiten que la ley es clara pero lamentan los casos en que los presos evolucionan favorablemente y al terminar la condena son expulsados.

Las más de 300 consultas de este año y las casi 500 de 2010 permitieron a la ONG establecer un perfil del recluso extranjero en Galicia, que se corresponde con el de un hombre de entre 35 y 50 años procedente de Latinoamérica, el este de Europa o Marruecos.