La amnistía del impuesto de patrimonio

La Generalitat Valenciana ha decidido no recaudar el impuesto de patrimonio. Cualquier persona podría suponer que las arcas públicas se encuentran bastante sobradas de dinero. Sin embargo, no hay día en el que no se anuncien recortes en las prestaciones sociales y en los servicios públicos. Resulta evidente que buena parte de los derechos sociales solo se pueden garantizar si la Administración efectúa una inversión suficiente, con unos fondos obtenidos a través de instrumentos fiscales redistributivos. La amnistía hacia los sectores más acomodados para que no aporten la correspondiente contribución y la renuncia a percibir dichos ingresos solo pueden agravar las importantes carencias que cada vez afectan más a los derechos de los ciudadanos. Como señala Joseph Stiglitz, la generalización de determinadas exenciones fiscales explica muchos desequilibrios presupuestarios.

Nuestras instituciones podrían permitirse unas prestaciones sociales de mucha más entidad

Desde la perspectiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, la insuficiencia de medios está causando crecientes dilaciones y dificultades en el funcionamiento de los juzgados. Se ha conocido recientemente que el Gobierno autonómico paralizaba la construcción de 12 sedes judiciales, con el argumento oficial de que "hace falta dinero para otras cosas", a pesar de que estaban incluidas en el plan correspondiente y contaban con asignación presupuestaria. Anteriormente, por los mismos motivos, la Administración valenciana decidió no poner en marcha 15 nuevos juzgados que ya habían sido aprobados, al no disponer de las partidas económicas, en contraste con los recursos que sí habían aportado las otras instituciones competentes. En otros ámbitos, las deudas a los proveedores dejaron a numerosos juzgados sin medios esenciales, por la suspensión del suministro de papel o por la interrupción del servicio de correos. La lista sería larga, pero conviene no ignorar el posible colapso del turno de oficio, por el impago a los colegios de abogados. ¿Cómo vamos a tener una Administración de justicia eficiente sin los recursos económicos necesarios y con la negativa a recaudarlos por parte de la Administración valenciana?

Lo mismo cabe repetir de los recortes en materia de salud o de educación. O de las insuficiencias para garantizar con criterios sociales el derecho fundamental a la vivienda, ante la dramática realidad de decenas de miles de desahuciados. Hemos de recordar que los derechos sociales proclamados en la Constitución no representan meras declaraciones retóricas, sino que los mismos delimitan la actuación de los poderes públicos. En los términos de Ferrajoli, la política también debe ser un instrumento de actuación de las normas constitucionales. No obstante, desde algunas instancias se reitera el discurso de que solo debemos tener el Estado social que nos podamos permitir. Lo cierto es que nuestras instituciones públicas podrían permitirse ofrecer unas prestaciones sociales de mucha más entidad, equivalentes a las de nuestros vecinos europeos, si no eximieran a los sectores más acomodados de su indispensable contribución a la sociedad. Los asalariados de nuestro país pagan prácticamente el mismo porcentaje de impuestos que los trabajadores suecos, pero aquí las personas acaudaladas o con elevados ingresos solo ingresan el 20% de lo que tributan sus equivalentes en Suecia. Si el sistema fiscal español fuera similar al que existe en Alemania, Holanda o los países escandinavos, por estas latitudes no tendríamos déficit y contaríamos con unos servicios públicos de calidad, así como disfrutaríamos del Estado social que nos merecemos y que sí podemos permitirnos.

Todas estas razones explican la inquietud que se siente cuando las autoridades valencianas renuncian a aplicar el impuesto de patrimonio y, al mismo tiempo, aseguran que deben practicar recortes en los servicios públicos, porque no disponen del presupuesto suficiente. El respeto ante dichas decisiones resulta compatible con una comprensible insatisfacción. El impuesto de patrimonio permitiría a la Administración autonómica un ingreso de 109 millones de euros, que sin duda facilitarían una mejor dotación de las prestaciones sociales. En un país en el que los ricos pagan menos impuestos que los asalariados, parece razonable, oportuno y equitativo que contribuyan fiscalmente quienes cuentan con un patrimonio superior a 700.000 euros. Para no pasar de la amnistía a la amnesia, podría resultar conveniente recordar que el artículo 31-1 de la Constitución establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad.

Ximo Bosch es magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) en la Comunidad Valenciana.