Las obras sociales, ante el reto de sobrevivir sin el dinero de las cajas

La transformación del mapa financiero también tendrá sus efectos en el modelo social y cultural catalán. Los procesos de fusión y la entrada de capital público en las cajas de ahorros ha puesto el foco en la obra social de estas entidades, que es el dividendo con el que estas devuelven a la sociedad el beneficio que obtienen a través de su actividad financiera. La nacionalización de Catalunya Caixa y Unnim, y su posterior privatización, supondrá un cambio en el funcionamiento de su obra social. Las entidades tienen dos años para buscar inversores privados que sustituyan al Estado. Hasta entonces, deberán sobrevivir sin los recursos que le aporta el negocio financiero. Ambas han empezado ya a andar solas.

Las dos cajas, hoy fundaciones, apenas participarán en los beneficios del banco

La obra social de las cajas catalanas supone un gasto de más de 570 millones de euros. Solo La Caixa, que tras segregar su negocio financiero ha mantenido su naturaleza jurídica de caja y cuyos proyectos puede mantener holgadamente, tiene un presupuesto de 500 millones de euros para la obra social. Esa cantidad de 570 millones equivale a la asignación de un Departamento de la Generalitat. De hecho, hay cuatro -Presidencia, Gobernación, Cultura y Agricultura- que tienen un presupuesto inferior para 2011. Además, así como las cajas catalanas también desempeñan parte de su actividad en otras comunidades donde tienen presencia, hay entidades de otros territorios que invierten en Cataluña.

La principal fuente de ingresos de las cajas proviene de los beneficios que estas obtienen de su negocio financiero, que ahora han traspasado a un banco. Las cajas deben destinar al menos el 50% de su excedente a reservas para garantizar su solvencia, mientras que la otra mitad puede destinarse a la obra social. Ahí surge el principal problema ahora: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se ha quedado con el 100% de Unnim y el 89,7% de Catalunya Caixa, por lo que la primera no podrá contar con esa aportación y la segunda solo tendrá derecho a poco más del 10% de los beneficios.

Ambas entidades niegan, sin embargo, que la obra social peligre. Solo que a partir de ahora deberán financiarse de otro modo: tendrán que echar mano del fondo de reserva, llegar a acuerdos con otras instituciones y empresas o potenciar los ingresos que obtienen por su actividad. Catalunya Caixa, que nació tras la fusión de las cajas de Catalunya, Manresa y Tarragona, destinó el año pasado 49,5 millones de euros. Esa cantidad es inferior a la de 2009, cuando solo Caixa Catalunya destinaba 56,4 millones a la obra social, según consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para este año, el presupuesto de la fundación ha bajado a 45 millones.

La directora general de Catalunya Caixa Obra Social -como se llama ahora la fundación en la que se ha transformado la caja-, Marta Lacambra, admite que, a falta de formular una propuesta al consejo de la entidad, el presupuesto de 2012 será inferior. Sin embargo, Lacambra asegura que la entidad lleva ya tiempo preparada para ese escenario. "Cuando nos fusionamos en junio de 2010 el primer encargo que nos hicieron fue el de afrontar un maratón, no los 100 metros lisos. Había que dosificar recursos, por lo que era importante que la obra social pusiera el foco, fuera eficiente y se reinventara para mantener sus ingresos", explica.

Un portavoz de Unnim -fruto de la fusión de las cajas de Sabadell, Terrassa y Manlleu- también sostiene que la obra social sobrevivirá a la reestructuración financiera. Ahora, afirma, se abre un periodo de transición para la entidad. Por un lado, está el banco, ahora totalmente en manos del Estado, y por el otro, la obra social, que se financiará del fondo de reserva -cuya cantidad la entidad todavía no ha hecho público-, con recursos derivados de actividades que le dan ingresos y mediante aportaciones que puedan realizar instituciones públicas y privadas. El año que viene, la fundación de Catalunya Caixa deberá desarrollar sus proyectos con la cantidad que le corresponda por su participación del 10% en la entidad; echando mano del fondo de reserva, dotado con 30 millones de euros y que todavía no ha usado, y con sus ingresos recurrentes, de 15,7 millones de euros. Una portavoz de la entidad explicó que la fundación gestiona el 5,3% de todo el territorio catalán y es propietaria del 2% de la comunidad. "Eso nos hace diferentes de otras cajas que son solo repartidoras", afirma.

Aparte de Món Sant Benet, un centro creado en torno al monasterio de Sant Benet de Sant Fruitós de Bages en 2007 y que recibe a unas 100.000 personas anuales, el buque insignia y faro de la institución es La Pedrera, una de las obras emblemáticas de Gaudí, situada en el paseo de Gràcia de Barcelona. El año pasado recibió un total de 1,1 millones de visitantes. De estos, 249.375 personas visitaron, gratis, alguna de sus exposiciones y 943.782 pagaron 11 euros para ver el edificio y pasearse por el piso modernista de la cuarta planta o por las chimeneas de guerreros de su azotea. Es un público que en su mayoría lo constituyen turistas extranjeros.

Los ingresos por la explotación del edificio alcanzaron en 2010 los 15 millones de euros, y está previsto incrementarlos. En julio entró en funcionamiento el servicio educativo en la primera planta del edificio, tras la reforma de todo ese piso que comportó el traslado a plantas superiores de los empleados de la entidad. Ese espacio acoge ahora a los miles de estudiantes catalanes que pasan por el edificio y participan en talleres y actividades. Hasta diciembre ya han reservado plaza 10.000 estudiantes.

Lacambra explica que, además de los ingresos por esos dos edificios, la entidad potenciará el área de microcréditos o los alquileres de espacios. La fundación también estudia cobrar entrada por las exposiciones, aunque la directora general descartó que esa medida se adopte en 2012.

La obra social de Unnim también explora esas vías. Desde la fundación explican que, por ejemplo, facturan 3,5 millones de euros anuales con un ambientador que venden en varias cadenas de supermercados y que producen en un centro de trabajo de discapacitados. Según un portavoz de la entidad, la obra social llega a más de dos millones de beneficiarios de Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y las ciudades de Zaragoza y Sevilla y cuenta con equipamientos culturales y medioambientales como el Espai Cultura y el Espai Natura, en Sabadell, y varios centros para ancianos.

Ese es el escenario que esas entidades tienen hasta que desembarquen inversores privados o, en el peor de los casos, sean vendidas por el FROB. ¿Qué pasará entonces? Fuentes sindicales consultadas temieron que la llegada de capital privado al banco suponga un descenso del dividendo social que nutre a las fundaciones. Sin embargo, el presidente de La Caixa y de la Confederación de Cajas, Isidre Fainé, opinó en la presentación de resultados de 2010 que eso no tiene por qué ser así. Si los beneficios suben, razonó, las aportaciones a la obra social también lo podrán hacer.