Feijóo presume en Málaga de que el PP gallego es un ejemplo contra la corrupción
El PP gallego cree haber encontrado un filón para atacar al ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco. Entre el equipo de Feijóo ha calado la idea de que el responsable de las infraestructuras en el Gobierno de Zapatero desembarcará en Galicia para medirse a él en las próximas autonómicas. Desde que El Mundo destapó las acusaciones contra Blanco del empresario Jorge Dorribo, principal imputado en un fraude de subvenciones públicas que obligó a Feijóo a descabezar el Igape, el instituto de crédito de la Xunta, el PP redobla cada día sus ataques.
La misma mañana en que el diario de Pedro J. Ramírez publicó la primera noticia, el grupo parlamentario popular hizo dimitir al diputado Pablo Cobián, a quien Dorribo también implica en el cobro de supuestas comisiones ilegales, y tanto el portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, como el secretario general, Alfonso Rueda, intensificaron la presión sobre Blanco. Ayer fue el presidente de la Xunta y del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien entró en escena. Pese a que Blanco no está aún imputado ni el Tribunal Supremo ha abierto diligencias por este caso, exigió al ministro que no se resguarde tras "escudos políticos" ni busque disculpas en lo que hacen los demás.
No dudó en ponerse como ejemplo de firmeza contra la corrupción. Advirtió que cuando el PP gallego ha tenido alguna duda, "en 24 horas dos personas [el director y el subdirector del Igape] han sido apartados de sus puestos. Y en tres o cuatro horas un diputado del PP presentó su dimisión. Así es como actuamos nosotros, vamos a ver cómo actúa el PSOE y el ministro, cómo actúa, cómo actúa el PP lo conoce toda Galicia y toda España". Lo dijo desde la convención del PP nacional en Málaga. No anticipó si la declaración supone un cambio de postura de su partido, que mantiene en sus puestos a alcaldes como los de Fisterra y Mazaricos, imputados por un juez en graves delitos relacionados con la corrupción. Feijóo tampoco adoptó ese criterio cuando su conselleiro Agustín Hernández estuvo imputado por certificar una obra inacabada.
