Los órganos de la caja avalaron las prejubilaciones sin supervisarlas

Los mecanismos de control fallaron o, mejor dicho, no solían funcionar. Solo así se entiende que la comisión de retribuciones, la encargada de fiscalizar la política general de salarios e incentivos en Novacaixagalicia, asumiese desde el primer momento contratos heredados de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova sin pararse a pensar en las consecuencias de sus liquidaciones. Sobre todo cuando la integración, formalizada en diciembre del año pasado, necesitó 1.164 millones de euros del fondo público de rescate para comenzar a andar. Después se sumarían a los 2.464 millones de la segunda ronda del FROB para recapitalizar el banco resultante, muy tocado en su nivel de solvencia.

Fuentes próximas al consejo de administración aseguran que la equiparación de contratos de alta dirección de la cúpula que iba a llevar las riendas del proceso obligó a crear uno nuevo, el del director adjunto, Javier García de Paredes. Fue "el único que se autorizó en la comisión de retribuciones", porque hasta entonces no estaba considerado de "alta dirección", como los de los exejecutivos José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, y Óscar Rodríguez Estrada. El visto bueno se dio en una reunión celebrada el 30 de diciembre de 2010, con la integración en marcha.Meses más tarde, con el decreto de recapitalización de las cajas haciendo temblar los cimientos de la fusión, la comisión de retribuciones se volvió a reunir. Asistió un asesor jurídico externo a la entidad, Ricardo Pradas, que informó de que los altos directivos podrían pedir la rescisión de sus contratatos -y consecuentemente la prejubilación- ya que al transformarse la entidad en un banco "cambiaban sustancialmente las condiciones".

La legislación hacía obligatoria una provisión de fondos para cubrir las hipotéticas renuncias por 25 millones de euros. Ningún miembro de esa comisión, presidida por Julio Fernández Gayoso e integrada por cinco personas, se preguntó a cuánto ascendía cada indemnización por prejubilación. Simplemente las autorizaron el 4 de agosto. En el órgano de control están, además de Gayoso, el copresidente Mauro Varela, Salvador Fernández Moreda (expresidente de la Diputación de A Coruña y líder provincial del PSdeG), Pilar Cibrán (designada por el Ayuntamiento de O Porriño con un gobierno del BNG), y Enrique Porteiro y Alfonso Zulueta de Haz (ambos representando a impositores). "El asesor jurídico, que había trabajado para la Confederación de Cajas de Ahorros, nos dijo que no se podían cambiar, que estaban firmados y eran legales", asegura un consejero. El contrato de Pego tenía fecha de 2006. Los de Rodríguez Estrada y Gorriarán eran anteriores a 2000.

El 25 de agosto, esa cuantiosa provisión se ratificó en el consejo, aunque convenientemente camuflada. "No tengo constancia de haber autorizado esa reserva, no figuraba como tal en el orden del día. Si fue, debía figurar dentro de un paquete mayor", denuncia Xosé Lois Veiga, representante del BNG en el órgano ejecutivo. Dos meses después, saltó el escándalo que ha provocado una ola de indignación.

Los dardos apuntaron ayer más que nunca hacia el Banco de España por haber permitido que cajas de ahorros como NCG y CAM "hayan incurrido en la malversación de fondos para que se forrasen sus directivos", según la denuncia del diputado Gaspar Llamazares, de IU. El PP gallego fue detrás, instando a Ordóñez a tomar cartas en el asunto. "Que sea consecuente y que rectifique", instaron cargos de la Xunta. El presidente, Alberto Núñez Feijóo, reclamó que el supervisor tome decisiones. "Si por nosotros fuera, ya se habrían producido", subrayó.

El candidato socialista a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, les recordó que quien tiene realmente competencias en materia de cajas son las comunidades autónomas. "Pregunten a los presidentes", instó, en referencia a los gobiernos del PP. La Xunta avaló la fusión con una auditoría en profundidad que, según fuentes sindicales, "obligatoriamente recogía esas indemnizaciones". En todo caso, la petición de responsabilidades sigue siendo una guerra abierta. Desde el BNG exigen a Elena Salgado que comparezca en el Congreso y en el PSdeG que NCG banco enseñe los contratos de los nuevos directivos.